Mientras el Gobierno nacional avanza en un nuevo esquema de subsidios que dejará sin bonificación a 140.000 familias de ingresos medios y elevará las tarifas en plena etapa de alta demanda, Formosa sostiene el subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que permite que el 90% de los usuarios residenciales mantenga una de las tarifas eléctricas más bajas del país, aún en un contexto de aumentos superiores al 270% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El Gobierno nacional aplicará desde el 1° de enero de 2026 un nuevo esquema de subsidios a la electricidad y el gas natural que implicará aumentos en las tarifas finales y una quita significativa de los subsidios vigentes. La reforma elimina la segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) y la reemplaza por un sistema de subsidios focalizados con sólo dos categorías: usuarios que recibirán un subsidio parcial y usuarios sin subsidio, que pagarán tarifa plena.
Este cambio dejará sin la bonificación plena a unas 140.000 familias de ingresos medios que, hasta ahora, contaban con un subsidio del 100% sobre un consumo de hasta 250 kWh mensuales y pasarán a recibir solo una cobertura del 50% por ese mismo volumen de energía.
El impacto del nuevo sistema no llegará en cualquier momento del año. El recorte de los subsidios y el aumento de la tarifa comenzarán a regir en pleno verano, una de las etapas de mayor demanda energética, principalmente en la zona NEA. A esto se suma que, según lo informado oficialmente, el volumen de energía subsidiada será menor al actual, por lo que una mayor porción del consumo se facturará a precio pleno.
Formosa tomó una decisión en sentido contrario: desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las tarifas eléctricas acumulan aumentos superiores al 270%. Frente a esto, la provincia resolvió sostener el subsidio provincial «Esfuerzo Formoseño», una herramienta clave que permite amortiguar el impacto del ajuste sobre los usuarios residenciales.
Este esquema beneficia actualmente a cerca del 90% de los hogares formoseños encuadrados en los segmentos N2 y N3, absorbiendo gran parte del Valor Agregado de Distribución que integra la factura. Gracias a esta política, Formosa logró posicionarse entre las provincias con las tarifas eléctricas más bajas del país, como dio a conocer el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.
La continuidad del subsidio “Esfuerzo Formoseño” cobra aún más relevancia en un contexto en el que, a nivel nacional, la política energética apunta a trasladar el costo real de la energía a los usuarios finales. El nuevo esquema nacional prevé que los subsidios solo cubran el 50% del consumo dentro de un bloque limitado de 300 kWh mensual en verano e invierno, y de 150 kWh en primavera y otoño, mientras que todo excedente se cobrará a tarifa plena. Esto incrementará de manera significativa el gasto en un servicio esencial para miles de familias, principalmente las del NEA, que son electrodependientes y deben afrontar mayores consumos en el verano.
Hasta ahora, los subsidios cubrían el 100% de un consumo mensual de hasta 350 kWh para los hogares de bajos ingresos y de hasta 250 kWh para los de ingresos medios.
Esto genera lo que distintos analistas describen como una “distorsión tarifaria”: durante el verano, los hogares podrían llegar a pagar la luz a un precio más alto que algunos comercios e industrias, un escenario que profundiza la carga sobre el consumo residencial. La quita progresiva del Estado nacional del esquema de subsidios deja a millones de usuarios expuestos a los vaivenes del mercado energético, en un contexto económico donde los ingresos no acompañan el ritmo de los aumentos.
Mientras el Gobierno nacional avanza en su objetivo de reducir el gasto en subsidios energéticos como parte del ordenamiento fiscal, las provincias quedan ante el desafío de definir si amortiguan o no ese impacto con recursos propios. En el caso de Formosa, la decisión fue clara: sostener una política energética orientada a garantizar el acceso al servicio como un derecho básico, aun en un escenario de fuerte presión sobre las finanzas públicas.
