Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se coincidió con quienes le restan valor a las decisiones de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, a partir de ser un órgano dependiente del estado nacional.
Expone que la funcionaria “ya ha sido calificada por la presidenta de la Organización de Transparencia Internacional, que nuclea a estados de todo el mundo en la lucha contra la corrupción política y crímenes corporativos, que preside la argentina, Delia Ferreira Rubio, que para ser eficaz en su tarea de control debe ser independiente al Gobierno que tiene que controlar”.
“Eso hace tanto al perfil institucional como a la persona que esta al frente de la Organización. Una oficina que depende de un ministro, que depende del Jefe de Gabinete, que depende del Presidente de la Nación, no puede controlar a los funcionarios. La O.A no puede ser una dependencia del Gobierno Nacional que tiene que controlar”, afirmo la organización internacional-
Agregó que “el país está aplazado en materia de transparencia Institucional y si lo ponemos en una escala escolar, se saca un 3,6 ya que en los últimos años nunca ni llegamos al 4, siendo en Latinoamérica, Chile y Uruguay los países mejor rankeados.”
Desde el Organismo de la Constitución, se recordó que “la actual titular de la Oficina Anticorrupción asumió el cargo sin los avales correspondientes y que cuando afirma que la Justicia o el Juez Lijo, hace bastante lo viene cuidando al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y pide que se levante el secreto de sumario, que es lo que le están ordenando decir a esa oficina desde el Ejecutivo Nacional”.
En ese sentido amplio el Defensor Jose Leonardo Gialluca que “no queda ninguna duda que Laura Alonso no tiene imparcialidad ni competencia alguna para investigar supuestas maniobras fraudulentas y se involucra en una serie innumerable de causas y hechos por motivaciones claramente políticas; llevando a cabo acusaciones sin fundamentos como si fuera “un maniquí del poder de turno” y que la llevan, quizás automáticamente, a encubrir las responsabilidades de lo sucedido con el submarino ARA San Juan, en un gobierno que debe informar y aclarar a toda la Argentina por la muerte de 44 submarinistas”.
Para el Defensor “no necesitamos que nos distraigan con una serie de decisiones que adoptan algunos jueces, que terminan manchando el nombre de la Justicia Federal y por esto las parcialidades manifiestas hacen que no se respete en la actualidad la independencia de los poderes y que el Ejecutivo Nacional se encuentre evidentemente involucrado como un beneficiario del Poder Judicial Federal”.
En este sentido se concluyó en que “bregaremos siempre por la independencia de los poderes y para que la verdad real surja de la justicia competente y no de los poderes políticos de turno, que persiguen otros intereses y en donde los medios de comunicación con su gran poderno condicionen el funcionamiento de nuestra justicia; “los argentinos tenemos que estar atentos puesto que con los -shows mediáticos- no se pone limite a la impunidad, ni a la corrupción, lo que necesita el País es que se respeten los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y que mediante las pruebas que recopile la justicia, se llegue a aplicar las sanciones pertinentes”.
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