El presidente del bloque Justicialista del Senado de la Nación, José Mayans, aseguró este miércoles 22 que, con los actuales precios de la electricidad, es imposible que “las economías regionales puedan funcionar” y volvió a denunciar que la población argentina es “víctima de una estafa” por parte del Gobierno nacional, por aplicar el ajuste sobre el pueblo trabajador, al encabezar una conferencia de prensa en la que se presentó un proyecto de ley para bajar las tarifas de luz en el Norte Grande Argentino.
En el marco de la conferencia de prensa realizada este miércoles 22, en las oficinas del bloque Justicialista de la Cámara Alta, Mayans expresó: “Las economías regionales con estas tarifas es imposible que puedan funcionar”, disparó el formoseño al considerar el tarifazo que el Gobierno de Javier Milei viene aplicando desde que asumió y que pega muy fuerte en el costo de vida de las familias de las diez provincias que integran la región del Norte Grande, donde las temperaturas promedio en verano superan los 38 grados Celsius.
A la vez, indicó que “la población es víctima de una estafa y de un saqueo permanente por parte del Gobierno nacional”, al respaldar la iniciativa impulsada por distintas senadoras y senadores del interbloque Popular que busca bajar el costo de las tarifas eléctricas, sobre todo en los usuarios de menores recursos de esta región del país que integran las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
La propuesta fue presentada, por los senadores y senadoras Lucía Corpacci (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Jorge Capitanich (Chaco), en una rueda de prensa que se realizó en las oficinas del bloque Justicialista de la Cámara Alta. También estuvieron presentes la senadora María Teresa González (Formosa), Fernando Rejal (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y sus pares Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Linares (Chubut), así como el senador mandato cumplido Sergio Leavy (Salta).
Mayans también advirtió sobre los altos precios que tienen los combustibles en el país, productos de la decisión del Gobierno de no garantizar el autoabastecimiento interno e internacionalizar los precios del barril de petróleo, pese a ser la Argentina productora, que en realidad tiene un costo de producción de entre 25 y 27 dólares. “Hay una ganancia extraordinaria de las empresas que están pagando los argentinos”, alertó y señaló que el Gobierno debería promover que “estos empresarios, que tienen ganancias siderales, trabajen un poquito para la gente; que tengan tarifas que la gente pueda pagar y no endeudarse para pagar las facturas de los servicios”.
Sostuvo además que el proyecto presentado se enmarca en un contexto de fuerte atraso salarial en las provincias, que impacta directamente en el consumo y la recaudación. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, apercibió.
Y cuestionó al Gobierno nacional por su falta respuestas a la demanda social, al indicar que, por ejemplo, “los jubilados no tienen expectativas de mejora”.
Mayans aprovechó para reafirmar la posición histórica del peronismo: “Creemos en la justicia social como base de la dignidad de las personas”. Y al respaldar la propuesta de crear una tarifa eléctrica diferenciada para el Norte Grande, demandó que se valore “el esfuerzo del trabajador, de las micro y pequeñas empresas. Estamos ante una emergencia nacional y es necesario corregir el rumbo”.
La iniciativa apunta a garantizar el acceso al servicio con tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región mencionada.
Al respecto, el senador Capitanich explicó que los beneficiarios del régimen serán los usuarios residenciales de bajos ingresos, quienes podrían acceder a una reducción del 50%; los usuarios residenciales de ingresos medios, con un 35%, y las entidades de bien público sin fines de lucro, con un porcentaje similar.
En su articulado, la propuesta “no fija topes de kilovatio hora subsidiados por bloque de consumo” y dispone que las reducciones se aplicarán “sobre la totalidad del consumo registrado en cada período de facturación, sin distinción de tramos”.
Además, los aumentos no podrán superar el Coeficiente de Variación de Salarios del INDEC ni el Índice de Precios al por Mayor. La alícuota del IVA será del cero por ciento para los usuarios y entidades que no cuenten con acceso a la red de gas natural domiciliario, según la normativa.
En cuanto al costo de aplicación, será afrontado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y a través del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas de Usuarios Finales (FCT), con aportes de las empresas distribuidoras de las provincias que integran el Norte Grande.
El proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía por medio de la Secretaría de Energía, en conjunto con los entes regulatorios de cada una de las provincias. Entre los fundamentos, se establece el acceso a la energía como derecho humano y se remarca el mandato constitucional de proveer un crecimiento armónico entre las distintas regiones del país y su población.
La catamarqueña Corpacci detalló que la norma surgió de la unificación de distintos proyectos de autoría de varios de sus compañeros y compañeras de bancada. “El Gobierno nacional eliminó todos los subsidios y eso vuelve inviable la situación para las provincias del norte, especialmente por las altas temperaturas que enfrentamos. Hay gente que no tiene otra opción que colgarse de la luz”, explicó.
Se refirió además al impacto en el entramado social que tuvo el tarifazo. “Los clubes de barrio no pueden sostenerse cuando reciben las boletas del servicio” remarcó y subrayó que el Congreso tiene “la responsabilidad de dar esta batalla, presentar leyes y construir los consensos necesarios” para enfrentar la compleja situación que vive el país.
La riojana Florencia López destacó que la propuesta involucra un universo de diez millones de personas que viven en la Región mencionada y que vienen sufriendo el aumento de tarifas impulsado por el Gobierno. “Queremos llevar justicia a las provincias del interior”, donde se registraron desde diciembre del 2023 a la fecha incrementos que rondan el setecientos por ciento.
Y recordó que hubo una decisión política del Gobierno de Milei de elevar el precio de las tarifas con la sanción de la llamada Ley Bases.
Al cierre, Capitanich explicó que el proyecto busca “hacer uso de las atribuciones constitucionales para una asistencia de igualdad de oportunidades para la región” y que “están excluidos quienes tienen bienes inmuebles, automóviles e ingresos mayores a tres canastas básicas”; y que además se trata de un “régimen permanente, no por consumo sino por ingresos”.
“Los clubes no pueden pagar la luz; los jubilados tienen que optar entre comer, pagar la luz o comprar los medicamentos. Los salarios públicos tienen una reducción. Muchas empresas distribuidoras de base estatal tienen problemas de financiamiento”, agregó.
Capitanich ponderó el consenso del bloque, ya que se trata de “un proyecto unificado de 20 artículos que toma las mejores iniciativas de todos los proyectos para lograr los consensos. Es una herramienta que permitiría resolver el problema energético. Hay muchos problemas para industrias y productores en materia de energía”.
A la vez, sostuvo que se cerraron 25 mil pymes y que el sector productivo vino sufriendo tanto como los usuarios residenciales. “La situación es grave, hay que buscar soluciones. Estamos buscando la solidaridad en el Congreso, que es una solución estructural de largo plazo para el pueblo argentino del Norte Grande”.
Cuestionó al Gobierno de Milei, al sostener que la crítica situación energética, junto a las dificultades de ingresos de la población, fue el resultado de la delegación de facultades al Ejecutivo, que redundó en una desregulación del sistema, un aumento de los precios y un castigo a las familias.
Por último, advirtió sobre la difícil situación de endeudamiento que atraviesan los hogares argentinos: “Esto es un mecanismo que está quebrando a las familias argentinas, lo que afecta la cadena de pagos. Ya desembocó en Argentina en el 2001”.
