Desde la Defensoría del Pueblo y como todos los fines de año, las distintas áreas recopilaron las denuncias, reclamos y causas administrativas y judiciales abordadas durante el año 2017; volviendo lamentablemente en los últimos meses luego de una década, a intensificarse las incertidumbres y reclamos que se relacionan directamente con las graves situaciones económicas y sociales que atraviesan consumidores y usuarios.
El retroceso del salario frente a la inflación, los aumentos en las tarifas, las quitas de subsidios, la reforma previsional, el temor a perder el empleo o la imposibilidad para conseguirlo, al cierre de éste año han superado a las quejas contra las prestatarias de servicios de telefonía celular, fija e internet que hasta el año anterior lideraban el ranking de reclamos. De las 44.280 atenciones realizadas por el Organismo de la Constitución, 15.498, el 35 % del total, apuntaron a solicitar la verificación de las facturaciones luego de los tarifazos energéticos dispuestos por el Gobierno Nacional, los incrementos de los combustibles, la eliminación arbitraria de subsidios como así también lo relacionado con la necesidad de que no se precarice el empleo, mediante reformas que recortan derechos a los trabajadores, entre otros que pusieron y ponen como centro de denuncias y planteos a la cuestión económica y social. Los reclamos a la telefonía celular e Internet, éste año, han pasado a un segundo plano, no obstante se han dado en un número considerable, pues sumaron 10.627, el 24 % del total. Por otro lado, unas 7.527 personas, un 17 % de la totalidad de reclamos, se centraron en denuncias contra casas comerciales y cadenas internacionales de supermercados, fundamentalmente por los inconvenientes ocasionados por la “falta de adecuada información a los consumidores (CN Art. 42 y 4 y 24 de la Ley Nacional 24240), abusivos aumentos de precios en mercaderías, afectaciones improcedentes ante el Veraz u otros, falta de reconocimiento de garantías y aplicación de intereses excesivos. El 24 % restante se distribuye entre 10.627 personas que reclamaron a entidades bancarias, tarjetas de créditos, cooperativas, mutuales, obras sociales, fuerzas armadas y de seguridad, empresas particulares, transportistas de cargas, organismos estatales, inmobiliarias, empresas automotrices, usuarios de rutas nacionales y provinciales por foto multas de municipios de otras provincias, cuestiones ambientales, la siniestralidad vial, inconvenientes en la educación y salud etc. A las más de 44 mil concretadas en lo que va del año, deben sumarse más de 18 mil cursados desde el Área de Derechos Previsionales y Asistenciales de los Ciudadanos, que comprende la gestión para la obtención de Claves de Seguridad Social, Acreditación de Datos Personales en la ANSeS, Informes de Pagos, Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, Reclamos por quitas injustificadas de beneficios, solicitud de prestaciones esenciales, entre otros. Con respecto al balance de la labor durante el año 2.017 de la Defensoría del Pueblo, el Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca dijo: “hemos obtenido un porcentaje de efectividad de más del 80 % de respuestas positivas, afianzando la confianza de la gente en su Defensoría, continuando con el Buzón por la Vida, para la denuncia anónima contra el narco crimen; el Trabajo con Asociaciones de Padres con Hijos Autistas, con Discapacidad, Enfermedades Crónicas, Fundaciones Protectoras de Animales, entre otras; quedando pendiente las diversas cuestiones interpuestas ante la Justicia Federal que por falta de jueces se hace imposible defender como corresponde los derechos vulnerados de usuarios y consumidores y por ello insistiremos en que este fuero sea cuanto antes normalizado ya que no se puede trabajar con esta situación que padecemos. Se destacó asimismo las intervenciones en todas las Audiencias Públicas Provinciales y Nacionales llevadas a cabo en nuestra provincia y en otros puntos del País, como así también la utilización amigable que hacen los vecinos de nuestros correos electrónicos para concretar reclamos y pedir información, a lo que se le sumó este año líneas de WhatsApp de modo que los usuarios del transporte publico agilicen y simplifiquen sus reclamos, agregándosele ahora otros números para denunciar la venta ilegal de pirotecnia y otras irregularidades.