La presentación la efectuó en su “carácter de ciudadano argentino, en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos”.
El intendente de la localidad de El Colorado, Mario Brignole, formalizó este miércoles 9 de septiembre una presentación ante el Honorable Senado de la Nación solicitando la remoción y exclusión del cargo del senador nacional por Formosa, Francisco Manuel Paoltroni, invocando la figura de “inhabilidad moral sobreviniente” prevista en el artículo 66 de la Constitución Nacional.
El pedido, dirigido a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, y a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, se fundamenta en una serie de “graves irregularidades financieras, judiciales y laborales vinculadas a la actuación privada y comercial del legislador”.
“La conducta pública y privada del senador ha entrado en una abierta contradicción con las exigencias morales que demanda su alta investidura”, resaltó Brignole y sostuvo que realizó la presentación en su “carácter de ciudadano argentino, en pleno ejercicio de mis derechos civiles y políticos”.
Entre los principales argumentos expuestos, se documenta “el libramiento de cheques sin fondos por montos multimillonarios a través de firmas de su propiedad, como Ganaderos de Formosa S.R.L., Los Angelitos S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L”.
Asimismo, se detallan ejecuciones fiscales iniciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ante la Justicia Federal por deudas impositivas no saldadas.
Además, el intendente de El Colorado advierte sobre “el despido injustificado de unos 50 trabajadores”, como así también la existencia de “denuncias penales por estafa, causas por usurpación de tierras fiscales donde pesa en su contra órdenes de desalojo dictadas por la justicia provincial, condenas por desmontes ilegales, denuncias por usurpación de tierras y amenazas contra productoras privadas”.
Al argumentar la gravedad institucional de los hechos, Brignole señaló que “quien no respeta las leyes de contenido fiscal, comercial y penal, carece de la legitimidad ética para legislar en nombre del pueblo de la Nación”, remarcando un severo conflicto de intereses en la votación de normativas nacionales.
Finalmente solicitó que “la Comisión de Asuntos Constitucionales evalúe la conducta del parlamentario para elevar al recinto el debate sobre su exclusión”.
.
