Un informe de Politiké sobre el proyecto oficial advierte que el ajuste continúa y que el Ejecutivo busca manejar cada vez más fondos de manera discrecional y sin control en pleno año electoral
El Proyecto de Presupuesto Nacional 2027, enviado al Congreso el 15 de septiembre, confirma el rumbo de los últimos tres años: la inversión pública nacional queda en apenas 0,3% del PIB y las transferencias no automáticas a las provincias acumulan una caída real de 81,2% frente a 2023.
En cambio, las “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, de manejo discrecional, pasan de $5,6 a $14,8 billones, y dentro de ellas el programa “Otras Asistencias Financieras” concentra $7,7 billones sin metas ni criterio de reparto, maniobra típica de los populismos. Para Formosa, la obra pública nacional cae aún más y representa apenas $20.000 por habitante.
Desde Politiké señalaron que se trata de un presupuesto de ajuste: se recorta lo que tiene reglas, provincias, jubilados, universidades, y sólo crece lo que el Gobierno puede repartir a dedo en año electoral. “Es populismo de derecha de manual”, sintetiza el informe.
Del análisis se desprende que el discurso libertario es contra el Estado, pero en la práctica busca concentrar los recursos en el Poder Ejecutivo Nacional: elimina la movilidad automática de la AUH, incumple las leyes de financiamiento universitario y científico y arma una caja que la Jefatura de Gabinete manejará a discreción para premiar o castigar Gobernadores.
Sobre las proyecciones oficiales, el informe recuerda que para 2026 se previó una inflación de 10,1% y terminará como mínimo en 25%, más del doble. Para 2027 el Gobierno promete 18%, cuando el relevamiento del Banco Central espera 20,5%. Según Politiké, subestimar la inflación no es un error involuntario, sino la forma de licuar partidas y reasignarlas después con total discrecionalidad.
El trabajo advierte que, aun si se cumplieran los números oficiales, 16 de las 24 jurisdicciones seguirían recibiendo fondos por debajo de 2023, y que las que podrían recibir más son, casualmente, las aliadas que suelen dar quórum y votos a las leyes libertarias.
El impuesto a los combustibles crece 63,5%, pero tres de cada cuatro pesos se quedan en Nación, y los ATN acumulan $1,9 billones sin repartir. La plata que debe ir a las provincias por ley, se guarda en Nación para aceitar negociaciones y seguir dibujando un superávit falso que esconde, bajo la emisión mensual de deuda, los intereses que no se pagan.
Para las cajas previsionales no transferidas a la Nación, como la de Formosa, se presupuestan $503.326 millones, apenas el 20% de lo necesario y de lo que exigen la ley y los convenios firmados: fondos de las provincias que la Nación, otra vez, se apropia indebidamente.
En materia social, el informe destaca que Educación queda 44% por debajo de 2023 y las universidades 25,2%, que el bono de los jubilados sigue congelado en $70.000 y que se prevén 104.760 jubilaciones menos. Con la AUH sin movilidad automática, los aumentos llegarán cuando convenga electoralmente: “un Plan Platita versión libertaria”.
Sobre Formosa, Politiké puntualizó que entre 2024 y julio de 2026 la provincia dejó de recibir $586.809 millones frente al nivel real de 2023, casi un millón de pesos menos por formoseño, y que el proyecto profundiza ese ajuste: Formosa recibe solo 34 centavos de obra nacional por cada $100 de coparticipación, cuando el promedio es de un peso.
El presupuesto para la Circunvalación de la Ruta 11, que debía ejecutarse el año pasado, se reduce en más del 66% (si es que se hace algo) y la Autovía directamente no aparece.
A pesar de todo, señala el informe, Formosa sigue pagando el FONID y Conectividad con fondos propios, sostiene los comedores escolares todo el año y garantiza el 82% móvil a sus jubilados, mientras la Nación le debe a la Caja provincial más de $400.000 millones. Se destaca que eso “es una decisión política del doctor Gildo Insfrán”.
En síntesis, el proyecto combina el ajuste sobre las provincias, la obra pública, los trabajadores y los jubilados con el crecimiento exponencial de una caja que el Gobierno nacional manejará a discreción para disciplinar gobernadores e influir en voluntades en un año electoral. Un manual típico de populismo de derecha.
