Convocó a los medios de comunicación y a la comunidad a abordar estos casos con rigor informativo, sin anticipar conclusiones ni presentar acusaciones no verificadas como verdades definitivas.
La ministra de la Comunidad reafirmó que la Dirección de Niñez y Adolescencia trabaja conforme a los procedimientos establecidos y bajo mecanismos de supervisión de las autoridades competentes. Además, advirtió sobre la difusión de versiones no verificadas que generalizan acusaciones y ponen en tela de juicio el trabajo de los equipos profesionales.
Ante las publicaciones difundidas sobre presuntos hechos de maltrato en residencias socioeducativas de Formosa, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, reafirmó que la Dirección de Niñez y Adolescencia desarrolla sus intervenciones conforme a los procedimientos establecidos y en articulación con los organismos judiciales competentes, con el objetivo de garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, remarcó que el funcionamiento de las residencias está sujeto a instancias permanentes de seguimiento, supervisión y control por parte de las autoridades competentes. Entre ellas se encuentran el Juzgado de Menores y los organismos del fuero de Familia, que intervienen en el seguimiento de las situaciones particulares y en la evaluación de las condiciones de cuidado, en el marco de sus respectivas competencias.
Asimismo, la ministra señaló que hace pocos días se realizaron nuevas instancias de control en los hogares, con la participación de asesores de Menores y asesores de Cámara, quienes verificaron el estado de las residencias y las condiciones generales de atención de niñas, niños y adolescentes alojados.
“Las situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes requieren seriedad, responsabilidad y respeto por los procedimientos. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia se trabaja conforme a las intervenciones y disposiciones de las autoridades competentes, con equipos profesionales que tienen la responsabilidad de acompañar y proteger los derechos de cada niño”, sostuvo Giménez.
En relación con las acusaciones difundidas, la titular de la cartera comunitaria advirtió sobre la gravedad de instalar afirmaciones generales sin que cuenten con elementos que permitan corroborarlas. “Toda denuncia que pudiera dar cuenta de una vulneración de derechos debe ser atendida e investigada por las vías correspondientes, pero ello no habilita a presentar versiones particulares como una descripción comprobada del funcionamiento de todas las residencias, desconocer los mecanismos de supervisión existentes ni convertir una situación de semejante sensibilidad en un espectáculo de exposición y confrontación en las redes sociales”, enumeró.
“Una denuncia debe ser investigada con todas las garantías, por ello nos presentamos ante la justicia solicitando que se investigue. Pero también es necesario actuar con responsabilidad al informar, distinguir entre hechos comprobados y afirmaciones pendientes de verificación, y evitar conclusiones generalizadas que no reflejen la totalidad de las actuaciones institucionales. Mucho menos corresponde difundir comentarios infundados como si fueran verdades, porque eso solo genera confusión en la comunidad y perjudica el abordaje responsable”, expresó la funcionaria.
Más allá del cumplimiento de los procedimientos y las instancias de supervisión, Giménez consideró fundamental poner en valor la dimensión humana y social del trabajo que se desarrolla en estos dispositivos.
Señaló que niñas, niños y adolescentes ingresan a las residencias luego de atravesar situaciones de vulneración de derechos que requieren intervenciones de protección y, en muchos casos, el apartamiento temporal de su entorno familiar.
En ese contexto, remarcó que el cuidado no se limita a garantizar condiciones materiales y cumplir protocolos, sino que implica también ofrecer un ambiente cálido, seguro y de contención, donde cada niño pueda sentirse acompañado y respetado.
“Cuando un niño ingresa a una residencia, hay una historia y una situación de vulnerabilidad detrás que no podemos desconocer. Asumimos la responsabilidad de cuidarlo y de brindarle un espacio donde se sienta seguro, querido y contenido. No se trata solamente de cumplir procedimientos, que son indispensables, sino también de garantizar un trato humano y respetuoso, porque el cuidado integral es parte esencial de la protección de sus derechos”, expresó la ministra.
Giménez subrayó, además, que el tratamiento público de estos temas debe contemplar especialmente el derecho de niñas, niños y adolescentes a la intimidad, la propia imagen y la protección de su dignidad, evitando que la exposición mediática genere nuevas situaciones de vulnerabilidad.
Finalmente, la ministra reafirmó el compromiso del Ministerio de la Comunidad con la protección integral de la infancia y la adolescencia, el cumplimiento de las disposiciones judiciales y el fortalecimiento de los mecanismos de cuidado y supervisión.
En ese marco, convocó a los medios de comunicación y a la comunidad a abordar estos casos con rigor informativo, sin anticipar conclusiones ni presentar acusaciones no verificadas como verdades definitivas.
La protección de los derechos de la infancia exige compromiso, profesionalismo y responsabilidad. Informar con seriedad implica verificar, contextualizar y respetar los procedimientos; no alimentar versiones que, sin sustento suficiente, pueden instalar sospechas generalizadas y afectar tanto a las personas involucradas como a las instituciones responsables de su cuidado.
