La limpieza de un terreno elevado, el almacenamiento de chapas, cobertores, víveres, entre otros insumos e instalaciones de agua potable y luz eléctrica, se cuentan entre las labores contra reloj que encara por estas horas el estado provincial para atender a familias que podrían ser anegadas por las extraordinarias riadas del rio Pilcomayo.
Toda una logística se está desplegando en la zona, donde recursos humanos como profesionales de la salud, efectivos policiales, docentes, técnicos y dirigentes sociales se han conjugado en este “alerta temprano” a fin de estar preparados ante la necesidad de una evacuación masiva y la relocalizacion provisoria de familias en este sector que va siendo preparado.
Quien así lo confirmo fue el ministro de Gobierno y presidente del Comando de Emergencia, Jorge Abel González, quien está coordinando todas las acciones impuestas por el gobernador Gildo Insfran a partir del escenario complejo que se vive en la alta cuenca, sobre todo en la vecina provincia de Salta.
Expuso que el clima está mejorando sensiblemente, no obstante las lluvias permanentes de la última semana y media, dificultan poder avanzar en todo el proceso de consolidación de las defensas, sobre todo en los sectores más críticos. “Estas precipitaciones han generado una veintena de familias de la zona de La Rinconada afectadas las que están siendo asistidas integralmente, y otras seis damnificadas por la dinámica propia del curso de agua cerca de Churcalito”, expuso.
Indico el ministro que “hay mucha agua en la zona, hay un estado presente y atendiendo la contingencia, y un alerta máxima para atender una posible evacuación de familias en un número importante”.
Por su parte, el diputado provincial Roberto Vizcaino indico que “mantenemos un monitoreo constante”, señalándose que en la ciudad salteña de Santa Victoria, distante a unos 70 kilómetros de El Potrillo se dispuso evacuar a casi el 50% de su población.
En el caso de Formosa, puntualmente en los departamentos Ramón Lista y una porción del Bermejo, donde habitan unas 14 mil familias aborígenes en su mayoría y también criollas, cerca de 2700 son las más amenazadas.