De la serie de investigaciones realizadas a partir de numerosas denuncias y pedidos de informes a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Defensor del Pueblo de la Provincia, José Leonardo Gialluca afirmo que el sistema de fotomultas implementado en otras provincias sobre rutas nacionales resulta “ilegal”. Esto porque no cumplen con lo establecido en diferentes normas nacionales que versan sobre el control y la fiscalización del tránsito sobre las mismas asignado a Gendarmería Nacional y también hace poco tiempo al personal designado de la ANSV.
El Ombudsman mencionó que las fotomultas son “ilegales porque violan el proceso adjetivo y derecho de defensa del presunto infractor, deberes de las autoridades a identificarse, incumplimiento de la extensión de jurisdicción y el margen de tolerancia previsto en la Ley Nacional de Tránsito 24.449, entre una multiplicidad de irregularidades”.
Sostuvo que son “inconstitucionales, porque vulneran el principio de supremacía normativa establecido en la Constitución Nacional”, y denuncio que numerosos municipios pretenden arrogarse competencias que pertenecen a otros organismos para efectuar el control de tránsito sobre rutas nacionales, violando de esta manera la Ley Nacional de Tránsito y con una única finalidad recaudatoria sin tener en cuenta la seguridad vial para todos los ciudadanos y por ello crecen estos sistemas desmedidamente, por lo cual, estamos solicitando a las autoridades federales competentes su total y absoluta eliminación, ya que no cumplen la finalidad que dicen tener y por otro lado resultan además violatorias a las previsiones contenidas en el Art. 14º de la Constitución Nacional y otras reglamentaciones del Art. 71º de la Ley Nº 24.449 y de la Ley Nº 26363, a efectos de garantizar el beneficio de la extensión de jurisdicción y asegurar el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo y el goce efectivo del derecho de prórroga de jurisdicción en el ámbito del territorio nacional, a los presuntos infractores residentes en jurisdicciones diferentes.
Todo ello se agrava en el caso de las multas labradas abusivamente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en los dos primeros casos han dictado normativas locales y adhesiones parciales a las leyes nacionales que rigen en todas las demás jurisdicciones, originando una grave inseguridad jurídica para los ciudadanos ya que las notificaciones son deficientes e irregulares, como así también los procesos y procedimientos administrativos o de juzgados de faltas municipales o provinciales, llegándose a causar graves perjuicios a miles de nuestros comprovincianos que si no reciben un asesoramiento legal adecuado y a tiempo, son sometido a la afectación a registros de deudores y también se notifica de esta circunstancia a los Registro de Propiedad del Automotor.
El Ombudsman Provincial denuncio que “esto se ha constituido con el tiempo en un negocio redondo para empresas privadas y municipios donde las primeras se encarga de sacar procesar y enviar las fotomulta por correo común y normal, no hay carta certificada, carta documento y en su afán recaudatorio nos venimos encontrando con numerosos casos de personas de nuestra provincia cuyos vehículos jamás estuvieron el día y la hora en que se labro la fotomulta”.
Conto Gialluca que “atendimos el último viernes a una persona que hace mas de 3 años que no circula con su automóvil y sin embargo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo multó por cruzar un semáforo en rojo en el mes de enero del corriente año”.
“Todo ello porque nadie ha acudido a la Justicia Federal contra las autoridades nacionales para que se deje de lado este sistema perverso de las fotomultas y que hacen que las victimas al querer vender sus autos se encuentren con inconvenientes o al querer renovar su licencia de conducir y en muchos casos la falta de tiempo produce la realidad que esa persona termina pagando una infracción viciada de nulidad”, advirtió.
Para la Defensoria del Pueblo “todos estos casos simbolizan un sistema arcaico y por lo cual estamos solicitando que sea modificado y que se implementen sistemas de contralor en las rutas sin la intervención de empresas privadas y con la única finalidad que no sea otra que la de garantizar la vida de los que utilizan las mismas”.
Concluye subrayando que “debemos y esperamos contar con todo el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para terminar con estos negociados inmorales que penalmente en lo que hace a sus responsables pueden ser denunciados por tentativa de estafa o por estafa ya que saben que emiten las actas de infracción sin cumplir con la ley y perjudicando económicamente a los ciudadanos”.-
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