La Defensoría del Pueblo de la Provincia, recordó que en el día de la fecha se conmemora en todo el mundo el Dia del Síndrome de Down y por ello Institucionalmente se exhorto públicamente a todos los sectores de nuestra Comunidad a naturalizar la inclusión social de quienes padecen cualquier tipo de discapacidad, pues son múltiples los desafíos que encuentran las personas con Síndrome de Down, entre ellos el de obtener un trabajo y la falta de reconocimiento de su capacidad jurídica, obstáculos para el acceso a la justicia, dificultades para acceder a la educación y todo ello debe ser trabajado para lograr ámbitos inclusivos que actualmente son inaccesibles .
El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, expreso su inquietud por las bajas de pensiones para discapacitados y que hasta la fecha el Congreso de la Nación no haya logrado sancionar una norma que promueva, proteja y asegure el ejercicio y disfrute efectivo, permanente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad.
La creación de la Agencia Nacional de Discapacidad que surgió luego de que el Gobierno Nacional disolviera a la CONADIS a través de un DNU “viola la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad” ; por otro lado esta Agencia Nacional ha sido puesta bajo la orbita exclusiva del Ejecutivo Nacional y todos sabemos que no existió ni existe situación de necesidad y urgencia que puede motivar el Poder Ejecutivo Nacional a disolver importantes organismos que fueron creados para el resguardo de las personas discapacitadas. Para la Defensoria del Pueblo las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en materia de discapacidad se enmarcan en sentido inverso al esperado y descubre un camino de retroceso en materia de derechos para las personas que se encuentran en dicha situación ; por ello es que hemos realizado las presentaciones correspondientes y los pedidos para que se escuche y se convoque a todas las organizaciones y personas con discapacidad ya que ni el poder Ejecutivo Nacional ni el Congreso están garantizando las políticas y los mecanismos eficaces para una inclusión social plena y un respeto irrestricto a las personas con algún tipo de discapacidad en la Argentina.
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