El Consejo Profesional de la Abogacía emitió un pronunciamiento “repudiando la actitud de colegas que pretenden confundir a nuestros pares desvirtuando el carácter gremial de la asociación que nos nuclea, generando una grieta que no existe ni debe existir entre los profesionales del derecho, pretendiendo atribuir intereses políticos.”
En el comunicado respectivo informa asimismo que la asamblea extraordinaria convocada para este miércoles 28 de marzo fue prorrogada, mediante Resolución N° 34 /18, hasta la nueva fecha.
Puntualiza asimismo “en relación con la sanción de la Ley 1663 que la misma fue propuesta a la Legislatura Provincial conforme las facultades expresas que otorga la ley 936 por haber sido electos por los matriculados para continuar condiciendo el CPA”, como también “que las medidas dispuestas fueron evaluadas en beneficio de los profesionales tratando de evitar que se repita la triste experiencia de la Caja Forense.”
Al mismo tiempo, insistieron en que “repudiamos la actitud de colegas que pretenden confundir a nuestros pares desvirtuando el carácter gremial de la asociación que nos nuclea, generando una grieta que no existe ni debe existir entre los profesionales del derecho, pretendiendo atribuir intereses políticos. Sabemos que al perder la Caja Forense perdimos el derecho a la jubilación y obra social. Como conducción debemos tomar medidas para disminuir la alta tasa de morosidad existente en el pago de matrícula. No obstante se aclara que los honorarios de los colegas no se verán afectados bajo ningún punto de vista”.
Más adelante hicieron hincapié en que “el objetivo de esta comisión mejorar el servicio que presta a sus matriculados, en el marco de lo que impone su normativa por lo que resulta necesario el cobro de matrículas y bonos de actuación letrada.”
“La finalidad de la reciente ley sancionada es posibilitar a los profesionales el mejoramiento del cobro de sus honorarios a través de medios electrónicos establecidos por el Gobierno Nacional, y no a la de divulgar los datos de los colegas ni de sus honorarios.”
“Para el caso que el colega solicite este servicio, se suscribirá un convenio particular con la institución donde estarán claramente establecidas las condiciones. Es para brindar un servicio, no para causar un perjuicio como maliciosamente se pretende instalar en la comunidad”, puntualiza.
Finalmente, sostiene que “siendo prioridad de esta comisión el correcto funcionamiento del Consejo, en beneficio de los matriculados, se dispuso un plan de moratoria al que se pueden acoger abonando la deuda ya devengada, hasta en doce pagos sin interés mediante tarjeta de crédito y/o todo otro medio de pago”.
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