El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca en ejercicio de su Derecho Constitucional a Replica expresó frente a las manifestaciones efectuadas por el concejal Miguel Montoya, asegurando que el ombudsman está “más preocupado en justificar al Gobierno Provincial que en defender a los usuarios” (Sic); hacerle saber que “la función que me ha sido conferida constitucionalmente, es la de bregar por los derechos de todos los usuarios y consumidores, entre los cuales, se encuentra el derecho a recibir una información veraz, cierta y oportuna”.
Explico que “sin perjuicio de las consideraciones políticas que un edil desee realizar y difundir, más allá de las responsabilidades políticas que estas puedan traer aparejadas; al solo efecto de cumplir con este mandato, es que mediante la actuación 1.058/2018, de fecha 12/04/2018, hemos requerido al señor Montoya: “…nos remita toda la documentación obrante en su poder y que de sustento al monto de $18 millones, relevado mediante su trabajo de investigación y que fuera difundido por distintos medios de comunicación , como la suma total que REFSA cobró a los usuarios en forma indebida durante el mes de febrero de 2018..” (Sic.).-
Le aclaramos incluso que: “el petitorio obedecia a la necesidad de reunir, a la mayor brevedad posible, todos los elementos que nos permitan ejercen una defensa adecuada y veraz de los derechos de los usuarios del servicio de energía eléctrica beneficiarios de la tarifa social, justamente la franja social más vulnerable, y que ya ha sido suficientemente castigada por los sucesivos incrementos del valor de la energía y la reducción de subsidios dispuestos desde el año 2016 por parte del Gobierno Nacional…” (Sic.).
Esta Actuación Administrativa que obra agregada en los autos caratulados: “Defensoría del pueblo – actuacion de oficio s/ control de facturas, notas de débito, facturas complementarias y/u otros documentos emitidos por la distribuidora refsa”, expte. nº 80 – letra “d”- año 2.018, cuerpo II, cuyo acceso es público, como todos los demás expedientes en trámite por ante este Organismo de la Constitución; y que fue presentada formalmente por un Notificador de la Institución en un domicilio del concejal Montoya, “quien luego de leer la solicitud- se negó caprichosamente a recibirla- ; obligando a esta Defensoria al día siguiente, conforme lo establece la Ley 1065/93 a que sea notificado por debajo de la puerta de la oficina de su lugar de trabajo que es el Concejo Deliberante, ya que no se encontraba persona alguna a las 8:30 de la mañana”.
Por otro lado, se indico que “cuando el concejal se refiere a mi persona con el calificativo de: “mentiroso, vago e irresponsable”, y sin caer en la pérdida de tiempo de responder tales injurias, le sugiero que para hablar del trabajo de otra persona, primero hay que conocer la función y labor diaria del organismo donde se desempeña y, para ello, no hace falta que concurra personalmente a nuestra sede”. Entiende Gialluca que “basta con que pregunte a los usuarios, consumidores y vecinos de los diferentes barrios de nuestra ciudad que le contaran pormenorizadamente todo lo que hacemos los 365 días del año”.
Por otro lado expuso que “no debemos olvidarnos que si bien nuestra ciudad ha crecido, nos conocemos todos y en el caso del concejal Montoya, que vino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Formosa para ocupar una banca en el Concejo Deliberante, lugar que hoy detenta, no porque lo hayan decidido los vecinos como el mismo se pavonea, sino por una decisión de un senador y diputado nacional de su propia familia”, afirmando concluyente de que “esto me demuestra que su labor hacia los vecinos es y continuara siendo pobre, pues este ciudadano nunca tuvo necesidad de esforzarse y por ello el cargo de concejal le queda muy grande y por lo menos tendría que disimular en algo su incapacidad, ilegitimidad e irresponsabilidad hasta que finalice en poco tiempo su mandato y quedar como el concejal electo por sus amistades y parentescos”.
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