La secretaria de la Mujer de la provincia, licenciada Angélica García, expuso la intervención que el organismo bajo su responsabilidad en un denunciado caso de violencia de género en Villa Dos Trece.
Indico que dicha secretaria “tomó intervención en el caso, en el que la víctima, Mónica Álvarez, quien sufrió violencia por parte del agresor Rodolfo Ríos, ambos de Villa Dos Trece, llamó primeramente a la Línea 144 que es del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que la derivó a Acceso a la Justicia en Formosa y desde allí le indicaron que se presentara en la Secretaría de la Mujer de la provincia, a los fines de dar a conocer toda su situación».
«Ella se presenta el 21 de mayo del corriente año y expone toda la situación. Ya viene a este organismo con toda la denuncia realizada en la comisaría de Pirané. Al preguntar qué juzgado intervino en este hecho, tomamos conocimiento que la denuncia fue remitida al Juzgado de Instrucción N° 6, el cual ya había emitido el día 18 de mayo una medida cautelar: Se prohibió a Ríos que se acercara a la mujer, que implican 200 metros del lugar donde ella resida o se encuentre», expuso.
“La medida establece la prohibición por parte del agresor de tomar contacto directo con la víctima o por interpósita persona, como así también de concurrir al inmueble donde habita Álvarez”, afirmo.
Sostuvo la licenciada García que “los técnicos del equipo de la secretaría de la Mujer, que incluyó un abogado y una psicóloga, la recibieron y la escucharon. La psicóloga le hizo la contención debido al grado de vulnerabilidad, de miedo y temor que tenía. Cuando la profesional le indica que se iban a programar varias consultas para continuar el tratamiento de asistencia y contención, la señora Álvarez le informa que ella se estaba atendiendo con una psicóloga particular en El Colorado y que por razones de distancia prefería seguir el tratamiento allá, agradeciendo de todas maneras los servicios que le ofreció la secretaría de la Mujer”.
Indico que “lo mismo nos refirió en cuanto al abogado, que también está allá, cuando le hablamos del caso laboral, ya que ella es empleada municipal y el agresor es un concejal. Nos señaló que su letrado particular se iba a ocupar del caso. En ese sentido, le preguntamos si ella quería que nosotros, como secretaría de la Mujer, presentáramos una nota haciéndole saber la situación al intendente de la localidad y nos dijo que no, ya que prefería no utilizar los servicios del organismo y que lo iba a realizar con su abogado”.
Aclaro asimismo que “ella recurrió a la Unidad de Asistencia a la Víctima, donde se la asesoró correctamente en cuanto a lo que significaba tener una audiencia testimonial. Entonces, se le explicó todos los alcances de la normativa, las obligaciones, entre otros aspectos”.
García expuso que “esto fue lo que sucedió. Volvimos a tener el último contacto el día 19 de julio, donde ella habló nuevamente con nuestra psicóloga. En cuanto a lo laboral, nos dijo que había dejado de trabajar y que iba a ver el momento para hablar con el intendente respecto a su situación. Le indicamos que eso debe hacerlo rápido porque la Ley del Empleado Público establece que doce días de inasistencias injustificadas son motivo de cesantía, con lo cual nos refirió que iba a presentarse con su abogado”.
Indico finalmente que “este organismo acciona de esta manera cuando viene una mujer en situación de violencia. Lo primero que le pedimos es que se haga la denuncia y una vez que la misma se realiza si tiene medidas. La escuchamos y hacemos un informe solicitando las medidas cautelares en el caso que haya. De esta manera, se judicializa el caso y por nuestra parte, desde nuestra intervención, la asistimos con el equipo interdisciplinario del organismo”.
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