Este jueves se reunieron en la sede de la Defensoría del Pueblo local, los Ombudsman provinciales de Formosa, José Leonardo Gialluca y del Chaco, Gustavo Corregido, emitiendo un pronunciamiento instando al gobierno nacional a que actualice las partidas presupuestarias para el servicio de comedores escolares, mantenga la tarifa social energética y no elimine las pensiones por invalidez
Junto a otros Funcionarios de ambos Organismos de la Constitución, se analizo la “grave situación económica y social que atraviesa el país y que afecta a las provincias que representamos, siendo estas algunas de las jurisdicciones más necesitadas y que padecen un constante destrato por parte del Gobierno Nacional”.
En este sentido se decidió instar al Estado Nacional a que actualice las partidas presupuestarias para el mantenimiento de los servicios de los comedores escolares que se encuentran desactualizados desde el año 2015; no obstante que desde aquel periodo a la fecha la inflación ha superado el 100 %, resultando a la fecha totalmente insuficientes las remesas que se envía; en la convicción de que la labor realizada en los mismos por el momento socioeconómico que atraviesa el País “es insustituible” dado que, en algunos casos, la ingesta de alimentos es la única que realizan en el día niños y jóvenes. Siendo irreparables las consecuencias que podría causar el desatender la necesidad de actualización en el envío de fondos a los comedores escolares que marca el incremento de los insumos esenciales que componen las raciones diarias brindadas en escuelas y colegios de Formosa y Chaco, que son mantenidas en la actualidad con fondos propios en una gran proporción. Por otro lado en cuanto alos incrementos ilegales, desmedidos, permanentes y confiscatorios de las tarifas de energía eléctrica en los sectores de generación y transporte en los cuales el precio mayorista se encuentra dolarizado, se denunció el total descuerdo con respecto al maltrato recibido del otrora ministerio de Energía y Minería de la Nación, hoy Secretaría anexada al Ministerio de Hacienda y Energía, caracterizadas por la total desinformación a los destinatarios de los servicios públicos, respecto de los componentes esenciales de los mismos. En éste sentido, se denunció el embate reciente a las potestades de millones de habitantes del país mediante el dictado de la Resolución 122/18, que dispuso la eliminación de la Tarifa Social de Energía. Norma finalmente dejada sin efecto por la Resolución Nº 07/18 de la Secretaria de Energía de Nación, quedando en evidencia la deliberada intención de quitar el citado beneficio a sus destinatarios, provincias electrodependientes y que por sus características climáticas destinan la mayor parte del consumo eléctrico al aclimatamiento de los hogares.
“Todo lo cual, nos ha llevado a insistir en la creación de una Tarifa Regional Diferenciada. En cuanto a eliminación de las pensiones no contributivas por invalidez, afirmaron, la categórica oposición a la aplicación de los procedimientos establecidos en la Resolución Nº 268/2018 de la Agencia Nacional de Discapacidadque aprueba un nuevo circuito de notificación a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez ante presuntas incompatibilidades con el Decreto Nº 432/97, reglamentando así la determinación de bajas y caducidad de tales beneficios, mediante notificaciones masivas –no fehacientes- y plazos perentorios para efectuar determinados tramites a cargo del pensionado, es decir, la parte más débil de la relación”.
Entienden que “este tipo de decisiones administrativas no solo violentan normas y principios del Derecho Administrativo, la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos ratificados por la Argentina e incorporados a nuestro sistema jurídico, sino también reflejan un total desconocimiento de la realidad geográfica, poblacional, social y económica de los destinatarios de tales pensiones, justamente personas con discapacidad”. Los ombudsman entienden que “dicha resolución supone que todos los habitantes del país tienen el mismo nivel de acceso, cuando ello, no es así. Cada provincia, cada localidad y paraje del país presenta una realidad distinta y decisiones como las aquí adoptadas por el Estado Nacional, deben ser aún más estrictas en cuanto a la legalidad, oportunidad y conveniencia en su aplicación, puesto que se encuentran en juego derechos fundamentales de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Finalmente se interrogaron: “a quien defiende el Gobierno Nacional ¿a los ciudadanos o a las grandes empresas? Por cuanto las políticas adoptadas desde su asunción, solo van dirigidas a beneficiar los intereses de los grandes grupos económicos, siempre en detrimento de la sociedad en su conjunto y, en particular de los sectores sociales más vulnerables, a quienes por mandato constitucional estamos llamados de defender”.
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