Reglamentación nacional excluyo a 3500 familias del sorteo de viviendas

El asesor de la administración general del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), el doctor Gustavo León, desligó de toda la responsabilidad al organismo de la “marcada poda” al padrón de postulante de viviendas, afirmando que obedeció a una disposición del gobierno nacional.

Indico que el padrón de postulantes de  re empadronados y evaluados por Nación ascendía a 8248 familias, ámbito donde estos hicieron el cruzamiento de datos con Anses, Afip y otros organismos. De allí y ajustado a la resolución emanada del ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación (la número 122 de 2017), que fija priorizar a aquellas familias que no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles, el padrón final de postulantes para el sorteo luego de ese filtro federal validado, se vio reducido en 4872.

Queda claro que el IPV debe ajustarse a esta norma nacional, la cual en este caso termina marginando del sorteo a unas 3400 familias.

Viviendas recuperadas

Por otra parte y dado que cuatro viviendas recuperadas pasan a ser parte del paquete de núcleos habitacionales a ser sorteados, el profesional dijo que la presencia efectiva en el barrio Nueva Formosa hace más de dos años con una delegación propia habilitada en el barrio (casa 3 de la manzana 45), contribuye a detectar y corregir irregularidades.

Se realiza un relevamiento periódico a fin de detectar la no habitabilidad por parte del grupo familiar en determinada casas y de esa manera se activa todo el proceso tendiente a la desafectación de la unidad habitacional.

Y en ese sentido León, aclaró que «la ley provincial es muy clara con respecto a todo tipo de cesiones, enajenaciones o transferencias de viviendas sociales, lo cual está totalmente prohibido».

Asimismo, en el caso de las redes sociales «cuando tomamos conocimiento de una intención de venta, efectuamos la denuncia ante la Policía Provincial a partir de la configuración del delito de defraudación a la Administración Pública y, por otro lado, realizamos el procedimiento administrativo y el seguimiento correspondiente para que esa venta no se concrete», puntualizó.

Explico que «la ley provincial es muy clara con respecto a todo tipo de cesiones, enajenaciones o transferencias de viviendas sociales, lo cual está totalmente prohibido».