«Hay una intencionalidad política del Gobierno Nacional de no darle a la provincia de Formosa algo que le corresponde», reprochó el subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, el doctor Hugo Bay, respecto de la decisión nacional de eliminar el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).
Cabe señalar que el mismo contemplaba la instalación de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la capital formoseña y ciudades del interior provincial. El convenio se había suscripto en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, aprobándose el financiamiento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y realizándose la correspondiente audiencia pública en 2016. Inclusive, el gobernador Gildo Insfrán planteó que la provincia asumiría los costos del préstamo, con lo cual sólo se necesitaba la firma del Estado Nacional para materializar el proyecto.
Con la llegada a la Presidencia de Mauricio Macri, el proyecto formoseño entró en una nebulosa. A pesar de las continuas gestiones desde la provincia, la iniciativa quedó cajoneada durante todos estos años en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación, a cargo del rabino Sergio Bergman.
Es ahora la Defensoría del Pueblo de Formosa, a través de su titular José Leonardo Gialluca, la que decidió interponer una denuncia penal ante la Fiscalía Federal de turno contra el secretario Sergio Bergman en orden a los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, previsto en Código Penal Argentino, que agrupa diversas infracciones que implican un arbitrario ejercicio de la función pública, desoyendo las prescripciones constitucionales o legales que la rigen.
«La denuncia penal es de la Defensoría del Pueblo de Formosa contra la Secretaría de Ambiente de la Nación porque es este organismo nacional el que retacea la necesaria firma que necesitamos para poder avanzar con este proyecto», detalló el subsecretario Bay.
