Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se solicitó formalmente al ministro de Derechos Humanos y Justicia de Nación, German Garavano, que el anteproyecto de reforma del Código Penal convierta las indisciplinas, que actualmente se enmarcan en los casos de “manejar borracho o drogado, en delito contra la seguridad pública”, con castigos muchos más duros que una simple multa y la retención del vehículo, incluyendo que estos casos sean pagados por quienes los cometen con la cárcel, hasta por lo menos con un mínimo de tres años de prisión.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca señaló que “es imperiosa la necesidad de incluir estos temas centrales en el actual debate político, donde debe sumarse también todo lo relativo al Régimen Penal Juvenil, pues existen una serie de normativas y proyectos sueltos que necesitamos los ciudadanos que sean compilados y actualizados”.
Desde el Organismo de la Constitución se señaló que “uno de los cambios importantes que se deben producir es que manejar alcoholizado o bajo el efecto de drogas y circular superando la velocidad permitida, pasen de considerarse contravenciones a ser delitos contra la seguridad pública, aunque no generen un daño a otra persona”.
De esta forma, considera que “tendrían consecuencias más allá de una multa o de la retención del auto. Por ejemplo, un test de alcoholemia positivo podría derivar en una pena de hasta tres años de prisión. Además, frente a ciertos agravantes -como violencia de género, discriminación o tenencia de armas- buscar que quien mate al volante vaya preso sí o sí”.
De un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo sobre jóvenes de nuestra ciudad, aproximadamente 6 de cada 10 afirman “que si toman un poco igual pueden manejar y que se sienten lúcidos”. Gialluca denunció que esta, “idea o pensamiento es altamente peligroso” y por ello en la reforma pidió que se incorpore el tipo penal de “peligro”para aquellos conductores que manejen habiendo consumidoalcohol o más estupefacientes.
Ante estos casos, la intención es que se considere que el infractor cometió un delito contra la seguridad pública.La idea es que estas conductas no queden en la nada, que tengan consecuencias. Las penas deberían ser de hasta tres años de prisión, la persona puede terminar con prisión domiciliaria o realizando tareas comunitarias pero no lograremos reducir las muertes en siniestros viales con la legislación que tenemos actualmente; “por otro lado, a todos los ciudadanos nos origina una gran impotencia poder observar que quien mató a otra persona, a los días esté conduciendo nuevamente entre nosotros”; y por ello propondremos a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa y al Concejo de Seguridad Vial Provincial, que quienes hayan incurrido en estos hechos, “se les retire la licencia de conducir por el tiempo que se estime pertinente sin ningún tipo de excepción”.
