Más allá de que las esferas nacionales y la provincial a través de la cartera de Desarrollo Humano acordaron trabajar en el otorgamiento del Certificado Médico Obligatorio Digital que se exige federalmente a los beneficiarios de pensiones por invalidez, lo más importante en este tiempo es que los exiguos plazos se ampliaran y no se suspenderán los beneficios.
Ya se había pedido a las esferas nacionales competentes -Agencia Nacional de Discapacidad- dejar sin efecto toda resolución vinculada a este certificado exigido bajo advertencia de suspender el beneficio, a partir de que no se consulto a la esfera sanitaria provincial de antemano y los dos meses de plazos eran en extremo exiguos.
Este martes en el seno de Desarrollo Humano, las subsecretarias de Gestión de Establecimientos Asistenciales Cristina Mirassou,y la de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, Eugenia Ruíz se reunieron con el titular de la UDAI local de ANSES, Diego Herrera y la delegada de Desarrollo Social de la Nación en la provincia, Irina Zarate, analizando como resolver la difícil situación generada.
Mirassou expuso que “no teníamos ninguna información previa de que exista alguna documentación, desconocíamos la cantidad de beneficiarios que tienen un plazo de 60 días para cumplir con la presentación de este certificado y de esa manera ver la capacidad operativa de cumplimentar con lo que se está exigiendo”.
“Toda esa información nos van a pasar, como la cantidad de beneficiarios, de que lugares son y todo lo que ayude a resolver esta situación, pero siempre dentro de las posibilidades operativas, porque nuestra prioridad es la asistencia en materia de salud”, explico.
“Tenemos una enorme demanda, ya que a la propia que tenemos de manera habitual se le suma gente que no tiene respuesta de su obra social y quienes se quedaron sin empleo, es decir debemos atender un sistema recargado”, advirtió, recordando que “el año pasado tuvimos 1.2 millones de consultas el año pasado”, indicativo de lo antes señalado.
