El bloque de senadores del oficialismo adhirió al pedido de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de sesionar por Internet.
La presentación fue realizada por el abogado Eduardo Wesselhoefft, en representación José Mayans y Anabel Fernández Sagasti, presidente y vicepresidenta del Frente de Todos en el Senado. Y la suscribió Jorge Landau, exdiputado nacional e histórico apoderado del Partido Justicialista.
“No resulta posible sesionar de manera presencial mientras se mantenga el distanciamiento social obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional, motivo por el que resulta imprescindible despejar toda situación de incertidumbre respecto a la posibilidad de sesionar por medios remotos o virtuales”, ratificaron a través del escrito.
El mismo se conoció casi en simultáneo al dictamen del procurador interino Eduardo Casal, que le recomendó a la Corte desestimar la declaración de certeza sobre la validez de sesionar y votar por sistema de teleconferencia, presentada por Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado.
Aseguraron que sería imposible realizar una sesión presencial que implicaría el traslado de los legisladores a la Ciudad de Buenos Aires “quebrantando las premisas básicas del distanciamiento social obligatorio y generando, consecuentemente, un serio riesgo para la salud no sólo de los senadores y las senadoras, sino también de sus colaboradores y del personal del Honorable Senado que podría estar afectado a la realización de la hipotética sesión”.
Declaración de certeza
En ese marco, el formoseño Mayans fue entrevistado por el periodista Gustavo Sylvestre en C5N, donde remarcó que “estamos viviendo una situación (la pandemia del COVID-19) sin precedentes en el mundo y en el país”.
“Solicitamos a través de la presidencia del Senado la declaración de certeza por el hecho del artículo 30 del reglamento que refiere a una emergencia grave, que es el caso que se está dando en este momento”, expuso el legislador, apuntando que “por eso le pedimos una declaración de certeza a la Corte Suprema, de modo tal que después los tribunales inferiores no declaren la inconstitucionalidad del procedimiento del cuerpo”.
Argumentó diciendo que “están los casos por ejemplo de leyes tributarias o penales que no pueden ser por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU)”, sumando que “aparte de eso tenemos más de 30 DNU que tenemos que tratar y en la Comisión de Acuerdos tenemos la presentación de los pliegos del Banco Central, entre otras cuestiones”.
En ese sentido, hizo notar Mayans que “hay senadores que están en la edad de riesgo y hay provincias que tienen circulación viral y no pueden asistir a Buenos Aires porque tendrían que entrar en cuarentena, con lo cual va a demandar mucho tiempo para que nosotros podamos sesionar”.
Ante ello, “estamos preparados para las sesiones virtuales y obviamente que pedimos esa declaración de certeza de la Corte, lo que impediría que los tribunales inferiores declaren la inconstitucionalidad del procedimiento del Parlamento”.
“El reglamento establece en el artículo 30 que solamente por razones de gravedad institucional nosotros podemos sesionar afuera del recinto”, puntualizó, subrayando que “es el caso que nos ocupa y es por eso el pedido de declaración de certeza. Tenemos el tratamiento de leyes impositivas, que por los intereses que representan obviamente habrá presentaciones de inconstitucionalidad. Si la Corte se expide, nosotros empezamos a dictaminar en las Comisiones y prácticamente a preparar la sesión”, apuntó.
Emergencia
En esa línea, el senador Mayans pidió “tener en cuenta la emergencia que está viviendo el país ahora y en la que ya estábamos cuando se fue el Gobierno de (Mauricio) Macri, quien dejó el país en emergencia”.
No obstante, señaló que “nosotros vamos a trabajar para resolver el problema, pero tenemos que esperar la decisión que tome la Corte. Si nos rechaza, vamos a buscar tener labor parlamentaria, definir cómo vamos a proceder y tener por lo menos una sesión presencial para cambiar el reglamento para poder después sesionar online sin objeciones”.
Advirtió que en la gestión macrista “hubo unos 90 mil millones de dólares de fuga del país y en ese tema están implicadas más de 6 mil personas, que han depositado fuera de Argentina estos capitales, lo que representó casi la quiebra de la economía argentina”.
“Esa fue la política de especulación que tuvo Macri, un endeudamiento que es prácticamente imposible de cumplimiento, un default declarado a partir de pedirle financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), y en este momento la Argentina necesita respuestas inmediatas, sobre todo por parte de las leyes, lo cual nosotros estamos dispuestos a hacerlo, así que esperamos que la Corte esté a la altura de las circunstancias”, finalizó.
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