La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala, aseguró que el aislamiento social y obligatorio en un centro preventivo es el único medio con el que se cuenta para impedir la propagación de la pandemia y preservar la salud pública de los formoseños.
Además, afirmó que se trata de una restricción a la libertad ambulatoria temporaria, de ningún modo una detención, y recordó que cuando las personas ingresaron a la provincia se les informó las condiciones que debían cumplir y las aceptaron. Caso contrario, estaban en libertad de regresar a los lugares de donde vinieron.
La funcionaria que este sábado participó de la audiencia convocada por el juez federal Fernando Carbajal, representando al Estado provincial y lo hizo acompañada del ministro de Gobierno, Jorge Abel González, y el epidemiólogo Mario Romero Bruno.
La convocatoria se realizó en el marco del hábeas corpus (procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto) presentado por tres abogados del foro local en representación de tres jóvenes que se encuentran alojados en la Escuela de Cadetes de la Policía.
La fiscal de Estado explicó que la provincia realizó todas las aclaraciones pertinentes y solicitó al juez federal que rechace el hábeas corpus al entender que “se trata de una restricción a la libertad ambulatoria temporaria porque hay un bien jurídico mayor: se está protegiendo la salud de la población en general; entonces, es necesario adoptar este tipo de medidas”.
“Como se trata de una pandemia, las medidas son de política sanitaria y van variando en la medida en que va mutando en su accionar el virus”, precisó la funcionaria y citó como jurisprudencia un planteo efectuado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el mismo tema, por un grupo de personas que fueron alojadas en un hotel para cumplir el aislamiento.
Advirtió que el planteo fue rechazado rotundamente por la justicia nacional ante el actual estado de pandemia y de crisis a nivel mundial, donde ceden una serie de prerrogativas en defensa del bien común.
Libertad de regresar
“En nuestro caso, se indicó que cuando estas personas llegaron a la provincia fueron notificadas de que irían al Hospital de Alta Complejidad para una revisación, y después al lugar donde destinara el Estado provincial para hacer el aislamiento. Fueron debidamente notificadas, si no estaban de acuerdo en ese momento podían regresar al lugar de donde vinieron”, precisó la fiscal.
Asimismo, manifestó que tanto el ministro González como el doctor Romero Bruno explicaron al juez que “se van cambiando las medidas porque se va viendo sobre la marcha qué es necesario sanitariamente para continuar con la situación que tiene la provincia de ningún caso de coronavirus”.
También especificó la doctora Zabala por qué se los llevó a la Escuela de Cadetes y no a un hotel. “En un primer momento, se estableció que las personas fueran a un hotel pero se detectó que infringían el aislamiento y la situación generaba una mayor cantidad de personal policial que tenía que hacer la custodia y era mucho mejor desde el punto de vista de la conveniencia alojarlos en la Escuela de Cadetes”, detalló.
Por otra parte, fundamentó que no corresponde desde el punto de vista legal la figura del hábeas corpus al sostener que “la provincia ha dado cumplimiento al decreto nacional, adhiriendo con un decreto provincial a las medidas establecidas en torno a la pandemia”.
Justicia provincial desestimó medida autosatisfactiva
La doctora Zabala reveló que también este sábado en horas de la mañana fue notificada de una medida autosatisfactiva que desestimó la Justicia provincial, ante una presentación efectuada por las mismas personas que plantearon el hábeas corpus.
“En un fallo meduloso, muy claro del juez provincial, el juez que nosotros entendemos es competente para entender en estas cuestiones, reseñó por qué debe rechazarse la medida autosatisfactiva y hablar de qué es lo que se considera aislamiento y por qué es legal y procedente”, manifestó.
Describió que el juez realizó este viernes por la tarde un reconocimiento judicial en la Escuela de Cadetes donde comprobó el lugar donde se encuentran, un salón de clases del Instituto Policial que “tiene amplias dimensiones como puede advertirse en las fotografías que agregó a la causa, que pudo conversar con los jóvenes, que reciben las cuatro comidas diarias y que si bien no están habilitadas las visitas, les pueden acercar cosas las que les son entregadas y éstos a su vez pueden enviar cosas al exterior con el debido control”.
Jurisprudencia
La fiscal advirtió que “si bien los colegas en el planteo que hacen sostienen todas las normas de derechos humanos y de convenciones que deben respetarse, hay un artículo, señero en esto, que dice que en un caso como éste, de pandemia, ceden ciertos derechos individuales en pos del bien común” y en tal sentido, citó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, quien afirma que el cuerpo es propiedad de cada uno pero cuando existe un virus que puede contagiar a los demás, el cuerpo también pertenece a todos para poder disponer de forma tal de evitar el contagio.
“Hay una restricción en beneficio del bien común, de carácter temporaria, no es que a una persona se le está restringiendo todo, se les pide 14 días”, sentenció Zabala y volvió a citar a Rosatti: “El cuerpo de otro si puede ser portador, me da poder sobre él en el marco del Derecho constitucional. El aislamiento no constituye una indefensión, es el único medio con el que se cuenta a fin de impedir la propagación de la pandemia y preservar la salud pública”.
En cuanto a los plazos de resolución del juez federal, adelantó que son acotados y se conocería a más tardar este lunes.
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