Con un proyecto de ley un grupo de diputados solicitaron ayer formalmente el inicio de un juicio político contra el Presidente, un proceso que tiene como finalidad la destitución del jefe del Estado.
El diputado nacional Juan Carlos Diaz Roig (FPV-Formosa) se sumó a otros 14 diputados que acompañaron el pedido de juicio político contra el presidente Mauricio Macri presentado por el entrerriano Julio Solanas.
“Ahora va a una comisión de juicio político, somos conscientes de que quizás no tengamos muchas posibilidades ya que el senador Pichetto descartó esta posibilidad, pero no nos preocupa” señaló.
Aseguró el legislador que “Desde el día que asumió la presidencia de la República, este señor está violando la constitución y las leyes, a partir del nombramiento de ministros de la Corte por decreto, siguió haciéndolo, el no podía permitir que Aranguren le adjudicara a Shell siete de los primeros ocho contratos a los pocos días de asumir cuando la ley de ética pública establece que debe esperar cuatro años. No podía adjudicarle a Calcaterra su primo, que sigue siendo propiedad de los Macri, tantos cientos de miles de pesos como se adjudicó en obras”.
Agregó además que “El no podría nombrar la cantidad de gente que nombró, violando la ley por ejemplo, la hermana de la reina de Holanda, que para nombrarla en un cargo, en el propio decreto como se trata de gente que no tiene el mínimo de los requisitos necesarios para ocupar la función, tómese como excepción, es decir está confesando el delito de violar la constitución nombrando a alguien que no tiene idoneidad para el cargo, requisito fundamental”.
Explicó que el pedido de juicio político se fundamenta en el caso del Correo, pero se presentarán por lo menos diez casos más, y denuncias penales.
“Los argentinos tenemos que salir a luchar y seguiremos haciendo denuncias penales y juicio político hasta que termine este régimen de facto que ya tiene presos de facto como Milagro Sala y endeudó en más de 100 mil millones dedolares al país sino que está llevando a la quiebra a la actividad privada y pública del país” argumentó Díaz Roig.
