El arquitecto Edgar Pérez, a cargo de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, realizó la evaluación de las acciones que llevó adelante el organismo durante el primer periodo de emergencia sanitaria que concluyó el 28 de junio pasado.
En ese sentido, el funcionario dijo que como parte del trabajo en conjunto de todas las áreas de gobierno en esta situación particular que atraviesa el país, se diseñó una estrategia articulada donde al organismo que conduce, le tocó fiscalizar las diferentes políticas públicas que se implementaron, tanto a nivel nacional como provincial.
“La implementación de la política de precios máximos en los cuales toda la cadena de comercialización de productos alimenticios, de higiene y limpieza son de cumplimiento obligatorio en las distintas escalas mayoristas y minoristas para garantizar el acceso a precios justos y referenciados de los consumidores formoseños”, ejemplificó.
Y continuó: “También los controles respecto a las mercaderías que se ponen a la venta que está en góndola y depósito de los comercios como una manera de que, esta decisión del Gobernador de proteger la salud de los formoseños de manera integral sea garantizada por la comercialización de productos aptos para el consumo”.
Además, Pérez remarcó otros controles como los que hacen al cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor, de abastecimiento, resoluciones de lealtad comercial, entre otros, que se generaron a lo largo de estos 76 días.
Trabajos en el interior
Por otro lado, el arquitecto, expuso las tareas que la institución desarrolló en el interior del territorio provincial, donde visitaron 26 localidades en total, en los cuales se hicieron la pertinente fiscalización y el control de los comercios en conjunto con cada municipio.
“Porque es bueno recordar que la decisión del presidente Fernández hizo que una herramienta normativa como la Ley de abastecimiento, pueda ser utilizada por los compañeros intendentes para salir a fiscalizar el cumplimiento de la normativa de precios máximos y que es complementada desde Defensa al consumidor con el acompañamiento de esta política de estado”, señaló.
Más de mil denuncias
En ese contexto, Pérez aseveró que recibieron más de mil denuncias por las distintas vías de comunicación: teléfono, WhatsApp, correo electrónico.
“En números, inspeccionamos más de mil comercios en toda la provincia, más de 1900 actuaciones, y de esas en total más de 1300 fueron actas de infracción, es decir por incumplimientos a los precios máximos, a la exhibición de precios, de los listados de precios máximos, a mercadería vencida, que en muchos casos estaba hasta podrida guardada en los depósitos”, detalló.
Y agregó: “Incumplimiento del Código alimentario argentino, que dice las condiciones bajo las cuales deben venderse los productos; incumplimiento de precios que dicen en góndolas y que no se respetan en las cajas al momento de pagar; incumplimiento de las normativas de prevención en esta emergencia sanitaria y que llevaron a la intervención de esta Subsecretaría al caso particular del secuestro de mercadería y destrucción de la misma”.
Dichos alimentos no aptos para el consumo, alcanzaron los 153 mil kilos, que “evitamos que fueran a parar a la mesa de los formoseños y dañaran la salud”.
“Esta actuación no solo termina con la destrucción de mercadería sino también deviene en multas, que son notificadas a los comerciantes y que ellos tienen su derecho de defensa, ofrecer su descargo, prueba y lo mismo con las resoluciones”, argumentó Pérez.
En esa línea, el responsable de la entidad, resaltó que el objetivo es tener un Estado presente, proteger al formoseño, cuidar su salud, su bolsillo y aplicar las medidas correctivas que en el marco de la ley permite.
“Como por ejemplo, las clausuras preventivas que buscan hacer cesar las conductas y que el comerciante entienda que esta no es una oportunidad para hacer negocio a cualquier precio, sino que debe respetar normativas para la comercialización y sentirse parte de una sociedad, porque de esta pandemia salimos entre todos y no hay privilegio para nadie en el accionar del gobierno, menos cuando se tratan de políticas públicas que cuidan la salud”, aseguró.
Extensión de precios máximos de referencia
En otro orden de cosas, Pérez anticipó que, “de acuerdo a la información extraoficial existiría la gran posibilidad de que se continúe por un plazo mayor la vigencia de los precios máximos de referencia en toda la Argentina”.
“Esto hace que en Formosa tengamos 2100 artículos que fueron alcanzados y son obligatorios de cumplir por toda la tarea de comercialización, si bien es cierto que hay una gran presión de parte de la cadena de producción de alimentos en Argentina que está monopolizada, concentrada y que muchas veces es difícil la negociación con estos sectores que tienen muchos argumentos para que los precios máximos no continúen, pero tenemos un gobierno nacional que decidió que en el marco de la pandemia se garantice el alimento en la mesa de los argentinos”, manifestó.
Y aseveró: “En Formosa también, la decisión de nuestro gobernador, de salir con los controles, fiscalizaciones y para que esta política nacional ayudada por la inyección de recursos a través del dinero a las familias más necesitadas con los diferentes programas de ayudas sociales nacionales y provinciales, se respete en Formosa”.
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