La fiscal de Estado, la doctora Stella Maris Zabala, subrayó que las medidas que viene adoptando Formosa ante la pandemia del COVID-19 “no son arbitrarias ni antojadizas, sino perfectamente constitucionales y forman parte del poder de policía que tiene la provincia no delegado a la Nación”.
“Me llama la atención cómo sistemáticamente hablan en contra de Formosa, cuando medidas como suspender transitoriamente el ingreso a la provincia por una situación epidemiológica se registran en todas las provincias”, expuso la funcionaria provincial en declaraciones recogidas por AGENFOR.
Contó que por su función “permanentemente tengo contacto con todos los fiscales de Estado del país y esto se registra en todos lados, en provincias donde hay 500 o 600 personas afectadas e incluso muertos”, haciendo hincapié en que “se debe comprender de una vez por todas que las medidas que se toman son en beneficio de todos y que acá o nos salvamos todos o no se salva nadie. No hay otra posibilidad en esto”.
A la vez, insistió en que “hay que ser muy cautelosos en cómo se difunden estas cuestiones, porque después cuando vamos a las audiencias, en los recintos judiciales, no es exactamente igual”, apuntando que “ya lo vimos en oportunidad del último hábeas corpus, donde la provincia permanentemente planteó una serie de cosas que no son antojadizas, sino por el contrario, tienen su correlato e importancia”.
Expuso en esa línea que “la provincia dice que es competente la Justicia provincial porque estamos defendiendo un sistema federal. Nosotros tenemos nuestra propia Justicia y que esta materia no es de competencia federal, ya que ésta es de excepción”.
“También hemos probado que (los varados en Puerto Eva Perón, Chaco) no fueron amenazados por la Policía. Hemos probado en todos los fueros, el provincial y el federal, que no han tenido ningún tipo de amenaza por parte de la Policía, ya que cuando la fuerza de seguridad dice que no se ingresa (al territorio provincial) es porque está cumpliendo una orden de autoridad competente”, enfatizó.
Añadió que en el caso del ciudadano chaqueño que presentó el último hábeas corpus “expusimos que no estaba diciendo la verdad; estaba falseando incluso que tenía una denuncia de violencia familiar que había sido notificada por el juez penal interviniente al Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19, ya que su pareja, madre de sus hijos, temía que si esta persona ingresaba pudieran registrarse hechos de violencia”.
Rechazo a planteos
Otra cuestión que puso de resalto la doctora Zabala es que “luego de que el juez federal se aparta del caso porque rechaza el hábeas corpus sigue dando recomendaciones. Creemos que eso no corresponde porque genera esta duda sobre si se ganó o se perdió. Y no es así, ya que hemos ganado terminante y absolutamente todas las acciones de hábeas corpus que se han planteado. Todas fueron rechazadas tanto en la Justicia federal como en la provincial porque no son la vía y tampoco hay ninguna restricción a la libertad de ninguna manera ni amenaza alguna”.
En cuanto a las medidas de recomendación que dictó el magistrado federal Fernando Carbajal, la fiscal de Estado reiteró que “el ingreso se suspende y vuelve a reiniciarse cuando lo epidemiológico lo permite, lo que no implica que si vuelve a existir una situación estas características nuevamente se suspenderá”, esclareciendo que “esto no es algo antojadizo de Formosa, ya que se trata de algo que varía. Por ejemplo, Jujuy había restablecido hasta la actividad turística interna y ahora suspendió todo”.
“Es así que todas estas medidas que toma Formosa no son arbitrarias, sino perfectamente constitucionales y forman parte del poder de policía que tiene la provincia no delegado a la Nación”, puso de relieve, recalcando que “es política sanitaria, actos políticos no revisables, ya que un Poder del Estado no puede entrometerse en otro, sistemáticamente, en cuestiones de política, porque el que gobierna no lo hace sólo para un grupo que está presionando, sino para todos los ciudadanos”, concluyó.
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