Escribe Daniel Moreno, Doctor en Derecho Público, Política y Gobierno. Ex Docente Universitario. Integrante del Tribunal Electoral de la Provincia de Formosa.
Luego de observar y ponderar en este tiempo todas las voces que se dieron con relación a la Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, conocida como reforma política, actualmente en trámite ante el Senado de la Nación (quizás al publicarse esta nota ya con media sanción), debo admitir que me sorprendió la repercusión pública y mediática que alcanzo este proyecto.
En el entendimiento que todo lo nuevo causa un natural rechazo y a veces un poco de temor en la ciudadanía en general, mas aun cuando de algunos sectores (político, prensa y en menor medida de algunos juristas), se desinformo de sobremanera, uno comienza a entender los argumentos expuestos por una parte de los ciudadanos que expresan su oposición.
Y creo que este tiempo nos sirvió, a muchos para conocer y entender que la mal llamada reforma judicial, viene a ser un fortalecimiento de la justicia nacional en una real dimensión federal porque tiene en cuenta las necesidades de los 24 distritos que componen el ámbito jurisdiccional de la República Argentina, y esencialmente comprender que las oposiciones deben ser de técnica jurídica.
Porque desde las primeras reacciones políticas sobre que este proyecto era para llevarse puesta a la justicia, crear impunidades etc., como otros títulos más mediáticos que reales, advertimos que hoy parte del rechazo solo se limita a decir que no es oportuno, que debe tener un mayor consenso y que ocasiona más erogaciones para el Estado.
En cuanto a la oportunidad sobre el tratamiento del proyecto, sin lugar a duda que un cambio o fortalecimiento de la justicia no debe ser hoy un tema esencial para la población, pero tampoco podemos decir que carece de importancia, al contrario, el carácter mediático y publico alcanzado lo demuestra por sí solo.
A poco de hacer memoria nos encontramos que este proyecto de organización y competencia de la justicia federal fue una promesa del doctor Alberto Fernández, durante su campaña presidencial, y aun antes, como hombre del derecho y la docencia universitaria ya había enarbolado la bandera sobre una reforma judicial.
Lo cierto es que este proyecto toma de base al texto impulsado por el propio Gobierno anterior en el marco del programa Justicia 2020, presentado por los senadores nacionales, Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Rodolfo Urtubey y Luis Naidenoff (entre otros legisladores de Juntos por el Cambio), lo que demuestra la importancia del tema para los dos espacios políticos mayoritarios en el país, contando además con el respaldo público de la casi totalidad de los mandatarios provinciales.
Además de ser desde hace años un pedido de toda la comunidad en general y la jurídica en particular, cabe citar al respecto al maestro Julio Maier, quien señala que la actual crisis del poder judicial no se soluciona con una reforma institucional solamente, bregando por una justicia mas horizontal en donde deben existir el juicio por jurados, reformar su carácter inquisitivo por el acusatorio, con más oralidad, que también lo pregona el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni con alguna variable.
En este mismo sentido tenemos lo expuesto por el doctor Alberto Bovino, en cuanto a que la crisis de la justicia tiene que ver con las características históricas del poder judicial, por lo que deviene necesaria una reforma procesal con reforma institucional judicial, en cuanto a su proceso y modelo, y si quedara alguna duda sobre la real necesidad de tratar este proyecto, aun con mas temas pendientes bastara con ver lo desarrollado por Pablo Slonismqui en su libro Forum Shopping, donde describe lo que él entiende como manipulación de la justicia.
Vemos que la oportunidad de reformar la organización y competencia del Poder Judicial, data de un largo tiempo, por eso es mayoritariamente apoyada, e incluso fervientes opositores como el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay, luego de analizar el proyecto debió admitir “ que ningún articulo de la reforma judicial asegura la impunidad” (Diario Ámbito, 12 de agosto del 2020).
Que este proyecto, como todos debe contar con el más amplio consenso, es un anhelo de siempre, porque de eso se trata la democracia, de llegar a un acuerdo o conformidad de todas las partes que pertenecen a una colectividad, de allí que la excelente iniciativa del Congreso de invitar a todos los actores vinculados con la actividad judicial para que expongan sus argumentos técnicos es digno de destacar, ello sin perjuicio de las posturas de cada uno de los integrantes del Senado ahora, y luego de la Cámara de Diputados que en definitiva son los encargados de discutir y sancionar este proyecto de ley.
Debo confesar que no encuentro óbice alguno para no tratar este proyecto de fortalecimiento de la justicia federal, seguramente que puede haber alguna disidencia técnica en particular, la que debe ser planteada en su ámbito natural, el Congreso de la Nación, donde los representantes de las Provincias y del Pueblo deben debatir y en su caso consensuar posturas (técnicas) en beneficio de todos.
No podemos concebir que se niegue a ser tratado el proyecto en general, so pretexto que falta consenso, cuando los acuerdos (técnicos y políticos) justamente encuentran su correlato natural dentro del Congreso, en esto la comunidad jurídica no tiene dudas, no se puede entender que un parlamentario nacional de Formosa (sea Senador o Diputado), se oponga a la creación de una Cámara de Apelaciones en nuestro Provincia, a sabiendas de los beneficios que ello implica para los justiciables.
Sobre el argumento que la materialización de este proyecto implica mayores erogaciones presupuestarias, no hay dudas sobre eso, ahora bien, corresponde observar si la misma se justifica, en lo personal y como hombre del derecho estoy convencido que invertir en la justicia es como invertir en educación o salud, porque hace a la seguridad jurídica, al mejor y mayor bienestar de la sociedad toda.
Por eso no tengo dudas que este proyecto de “Organización y Competencia de la Justicia Federal” será tratado en su habitad natural, para que los desacuerdos y contradicciones técnicas que puedan existir, encuentren en el Parlamento Nacional ese consenso deseado por todos, sin mezquindades políticas, que nos permita como reza el Preámbulo de la Carta Magna Argentina, “ afianzar la justicia….. para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia”.
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