El juez federal subrogante N° 2, Fernando Carbajal, declaró este jueves la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado de la provincia de Formosa. A la vez, hizo lugar a recursos de habeas corpus, patrocinados por los abogados Daniel Suizer y Gabriela Neme, permitiendo el ingreso de formoseños varados que presentaron constancias falsas de PCR negativos. En este marco, la Fiscal de Estado Stella Maris Zabala, informó acerca de las acciones legales que realizó la provincia en defensa del estatus sanitario que mantiene.
“El juez federal declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado a la provincia de Formosa, lo que es algo que abiertamente no corresponde; ante ello, este jueves por la noche apelamos esta resolución ante la Cámara y hemos planteado que hay una cuestión de competencia, porque es competencia de la Justicia provincial”, afirmó la Fiscal en contacto con Agenfor,
En este marco agregó que “el Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, en abierta defensa a la autonomía provincial ha dicho: Nosotros somos los intérpretes de la Ley, la Constitución y los Reglamentos, es competencia de este Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia intervenir y tiene la potestad para hacerlo. Entonces, absténganse, suspendan la ejecución de todas las mandas judiciales que se hayan establecido en ocasión de esto porque hasta tanto se resuelva la controversia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puede provocarse un escándalo jurídico de sentencias contradictorias”.
Zabala explicó que hasta que quede establecida la cuestión de competencias, las ejecuciones tendrán que suspenderse y remarcó que en el caso de Formosa “siempre ha reivindicado la competencia de la Justicia provincial para entender en toda estas cuestiones”.
“Este jueves, el Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, emitió una declaración, señalando que la Justicia Provincial es competente en todas estas cuestiones y reconoce las facultades constitucionales y legales del Poder Ejecutivo provincial y del Consejo de Atención Integral a la Emergencia COVID-19 para tomar todas las medidas relacionadas con esta emergencia”, remarcó.
Señaló además que el STJ de Formosa, “va un poco más allá, y declara la competencia del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia para entender en todo aquello que haga lugar a la interpretación y aplicación de las normas y reglamentos en el ámbito provincial. Esto reviste muchísima importancia porque zanja una cuestión que genera mucha incertidumbre sobre quién es el Tribunal competente para entender en estas cuestiones y a su vez dispone también que el Poder Ejecutivo provincial y el Consejo garanticen la salud de la población formoseña, autorizando ellos el ingreso al territorio provincial previo cumplimiento de los protocolos, lo que marca claramente la facultad del Consejo creado por Decreto y como derivación del Decreto del presidente Alberto Fernández que delega estas facultades”.
La Fiscal de Estado manifestó que “resta que el Juez Federal Subrogante decline su competencia y deje que la justicia provincial ejerza la competencia, como le corresponde” y adelantó que “En caso de que esto no suceda, tendremos que plantear el conflicto de competencias y quien debe dirimir la cuestión será la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
PCR falsos
Por otra parte, Zabala indicó que la provincia de Formosa ha realizado una denuncia penal y una Notitia Criminis en contra de los involucrados en la realización y presentación de PCR falsos, ya que estas personas que han ingresado por orden del juez federal subrogante, Fernando Carbajal, pusieron en riesgo a la población formoseña.
“La provincia ya ha intervenido, ha hecho la denuncia penal como corresponde y está interviniendo la Procuración General de la Provincia ya que se ha realizado una Notitia Criminis para que se proceda a investigar y se apliquen todas las sanciones que correspondan” declaró y agregó que “esto es de una gravedad extrema, imagínese de llegar al punto de generar este tipo de cuestión de traer certificados truchos que ponen en riesgo la salud de toda la población”, remarcó la Fiscal.
Asimismo, advirtió que si los y las involucradas tuvieron esta actitud “a sabiendas” y han seguido circulando con conocimiento, es un delito de índole doloso y aseguró que la Justicia tendrá que intervenir y tomar las sanciones penales que correspondan; “sumado a lo que se deberá aplicar a los médicos y laboratorios que emitieran este tipo de certificados”.
Qué es el SISA
Para finalizar, Zabala recordó que en la provincia se pide como requisito al ingreso un PCR validado por el sistema SISA. El Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) es una herramienta que permite auditar los registros y efectuar una fiscalización permanente, realiza evaluaciones y diferentes análisis de la actividad, con información certera.
“El SISA permite detectar la validez del estudio que presentan y esto se exige en todos los casos, no sólo en Formosa, porque esto viene del Decreto Nacional para circular, pero no debe ser cualquier test, tiene que ser validado y estas personas comenzaron a presentar test que no eran validados por SISA y ante los casos positivos que se suscitaron ante la presentación de estos test negativos que después resultaban positivos a COVID-19, directamente la provincia actuó”, explicó para finalizar.
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