La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme hoy el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia en la demanda del gobernador Gildo Insfrán contra un grupo de periodistas que fueron condenados al pago solidario de 1,2 millones de pesos por declaraciones injuriantes en un programa radial que vinculaban al mandatario con la muerte de su hijo Gildo Miguel.
El máximo tribunal argentino decretó la caducidad del recurso que presentaron los apoderados de una de las partes del proceso, la radio FM Fantasía, porque nunca impulsaron el proceso después de aceptada la instancia extraordinaria.
La demanda fue por afirmaciones hechas en esa radio sobre el suicidio del hijo del gobernador, en las que se daba a entender que el mandatario habría estado vinculado en el hecho.
La Corte decretó ayer la “caducidad de la instancia extraordinaria” habida cuenta que desde la última actuación del Tribunal encaminada a impulsar el procedimiento transcurrió un lapso superior al previsto en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, sin que la parte haya activado el trámite del recurso.
Así, con las firmas de los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton -Horacio Rosatti no firmó y no indicó motivo-, quedó firme la decisión apelada del Tribunal Superior de Justicia de Formosa que rechazó los recursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia que presentaron los condenados contra el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios impulsada por el gobernador Gildo Insfrán por las afirmaciones realizadas en el programa radial «Mano a mano», conducido por Gabriel Hernández, Andrea Cospito y Carlos González, y a la propietaria de la emisora Fantasía, María de las Mercedes López, hecho que ocurrió en el 2013, cuando un oyente anónimo habló del suicido del hijo de Insfrán y vinculó al mandatario provincial con el hecho.
Injuriante
Insfrán consideró «injuriante» la intervención del oyente y denunció haber sufrido un grave «daño moral» y afectación de su «honor, derecho a la intimidad, prestigio y memoria de su hijo fallecido”.
Para arribar a dicha decisión, el STJ entendió que se “determina claramente la responsabilidad de los demandados” que se deriva de “haberse mantenido en una actitud pasiva ante las manifestaciones de un oyente anónimo, a quien por cierto nunca se trató de identificar en el transcurso del programa ni con posterioridad, en pos de su atribución a una fuente de información”.
Los periodistas “omitieron aclarar o indagar acerca del origen de la versión difundida, lo que hubiera permitido a la audiencia formarse un juicio certero de credibilidad y así evitar la causación del daño a través de la instalación de un tema con evidente intención dolosa”, afirmó el fallo de la Corte Provincial.
“Los demandados pretenden ampararse en la libertad de expresión pero ésta, bajo ningún punto de vista, tutela a las manifestaciones injuriosas disfrazadas de noticia, la cual, estrictamente, debe consistir en un relato objetivo y verdadero de un suceso cuyo conocimiento importa hacerlo público en tiempo oportuno, en razón de su relevancia social”, aseveró el pronunciamiento judicial.
El Superior Tribunal de Justicia de Formosa había señalado en su momento que era de aplicación el artículo 11 de la CIDH en función del 13 de la misma Convención, al referirse a las responsabilidades ulteriores de quienes se expresan libremente, afectando el honor de las personas y cuando la información es objetivamente falsa, difundida con pleno conocimiento de esa falsedad, tal como está probado en este caso, con el objeto de sembrar la duda sobre un hecho ocurrido 10 años atrás, atribuyendo a Gildo Insfrán la muerte de su propio hijo, y a través de esa información desacreditar al demandante, constituyendo un dato objetivamente infamante “que nada tiene que ver con la función pública que el mismo cumple, porque si al hecho de revolver o hacer revivir uno de los dramas más dolorosos que puede afectar a cualquier persona, como es la muerte de un hijo, se le agrega irresponsablemente la infamante atribución de ser el directo responsable de esa muerte, teniendo los demandados los medios para corregir esa falsedad, la conducta antijurídica queda plenamente configurada y pretender amparar la misma en la garantía de la libertad de expresión, es francamente un agravio a la inteligencia humana”.
Los demandados fueron condenados al pago solidario de 1,2 millones de pesos que ahora deberá ser actualizado. El gobernador Insfrán manifestó en esa oportunidad que no lo movió un interés económico, por lo que espera que tras el resultado del fallo los recursos sean destinados a la Asociación de Familiares y Amigos de Discapacitados “Manos Abiertas” y a la Asociación de Ayuda al Niño Especial “Intégrame”, tal como lo había expuesto en una solicitada en 2015.
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