Consideró favorable el dictamen emitido por Casal y sostuvo que aguardan el fallo de la CSJN.
El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, brindó detalles del proceso que atravesó el habeas corpus presentado por el senador Luis Naidenoff que, recientemente, obtuvo un dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien ratificó que la competencia del mismo es de la justicia provincial.
“Lo que se publicó recientemente no es un fallo de la CSJN, sino un dictamen, previo a un fallo, del Procurador General de la Nación ante la CSJN”, aclaró.
En ese marco, el ministro explicó que se trata de una causa iniciada por el senador nacional Luis Naidenoff, en representación de las personas alojadas en los Centros de Atención Sanitaria y de Alojamiento Preventivos por los casos de COVID 19 existentes en Formosa, en dos denuncias, que fueron desestimadas por la justicia provincial.
“Fueron notificadas las partes y no fue apelada. Posteriormente inician las mismas denuncias, por los mimos hechos, en el Juzgado Federal N°2 de Formosa y la jueza federal también rechazó”, relató.
Y continuó: “Van en apelación a la Cámara de Resistencia, también rechaza y hace volver el expediente a la jueza provincial, considerando que es la jueza natural. Es apelada esa resolución, va al Tribunal de Casación que es el máximo tribunal penal en materia federal y allí sale un fallo en el cual reconoce la competencia federal que había sido desestimada”.
Durante todo ese tiempo, la justicia federal sacó las dos sentencias mencionadas. Luego, la causa volvió al Juzgado Federal N°2.
“La jueza instruye la causa, cuando realiza eso, la jueza provincial le dice: acá se dictaron ya dos sentencias sobre el mismo hecho, las mismas personas, mismos denunciantes, por lo tanto, solicito que usted se inhiba y me mande la causa. La jueza federal entiende que ella es competente por lo que le dijo la Cámara de Casación y allí se inicia un conflicto de competencias entre un juzgado provincial y federal”, manifestó.
Y agregó: “La única forma de dilucidar quién es competente es ante la CSJN, que es a donde fue a parar esta causa de inhibitoria como se llama”.
En esa etapa, previo al fallo de los miembros de la Corte, es obligatorio el dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien reconoció la competencia de la justicia provincial para entender este tipo de causas.
“Señaló, claramente, que es un caso típico de derecho público provincial, por lo tanto, no sería competente la justicia federal”, detalló Ibáñez.
Y remarcó: “Ahora va al fallo de la CSJN, pero nosotros creemos que como lo sostuvo la provincia y la Fiscal de Estado, en cuanto expediente y audiencia tuvo que participar, estos hechos, son exclusivamente de la justicia provincia”.
Además, el funcionario provincial, consideró que “el dictamen es bueno”, porque “nos da la razón de lo que tantas veces alegamos desde la provincia”; y aseveró que aguardan el fallo de la Corte Suprema.
Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El responsable de la cartera económica también se refirió al fallo que expidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la provincia de Formosa.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicó a la Cancillería Argentina, enviando una nota al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, que la investigación sobre las supuestas violaciones de los derechos humanos en Formosa, fue clausurada, desestimada y archivada”, confirmó.
En ese sentido, el funcionario recordó que estas denuncias fueron iniciadas por dos ONG de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Bases Republicanas y Cadal.
“Si alguien se toma el tiempo de entrar en internet y buscar estas dos ONG, van a ver que forman parte de la misma conocidos dirigentes y militantes de Cambiemos de CABA”, indicó.
Y agregó: “Cuando ellos presentaron la denuncia, tuvo una difusión espectacular en todos los medios hegemónicos de Buenos Aires y cuando fue desestimada la misma, por falta de valor probatorio, lamentablemente no tuvo la misma difusión”.
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