Con respecto al dictamen emitido el pasado viernes 16 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre una denuncia formulada en ese organismo por el caso de las supuestas 86 mujeres embarazadas que se escondían en el monte, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, echó luz acerca del tratamiento que recibió esta noticia.
Manifestó que la misma se dio a conocer en los medios nacionales “con títulos casi catastróficos”, demostrando “una vez más que hay determinadas operaciones mediáticas que tienen el solo objetivo seguir atacando a la provincia de Formosa”.
En declaraciones recogidas por AGENFOR, detalló que en una resolución extensa de más de 20 páginas, la CIDH recibió el 12 de marzo pasado una denuncia y una solicitud de medida cautelar presentada por el señor Félix Díaz patrocinada por sus abogados como miembro del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblo Indígenas de la República Argentina.
En esa denuncia, pormenorizó el doctor Ibáñez, este dirigente solicitaba “la protección de la vida y la integridad física, psíquica y la libertad personal de las supuestas 86 mujeres embarazadas sus hijos por nacer e hijos menores abandonados forzosamente”.
No obstante, la prueba que aportó en la presentación fue el informe televisivo del programa Telenoche Investiga de Canal 13, emitido también en el canal TN, que luego quedó demostrado se trató de un “montaje mediático” para denostar al Gobierno formoseño.
Un mes después a requerimiento de la CIDH, ésta contesta que “es imposible iniciar algo si no se conoce mínimamente la identidad de estas personas; entonces los denunciantes aportaron datos bajo estricta confidencialidad de siete mujeres que serían supuestamente parte del grupo de las 86”, continuó el ministro.
Tras ello, la CIDH resolvió correr traslado al Estado argentino, que a su vez hizo su descargo, “por lo el organismo interamericano de derechos humanos agradece tanto al Estado Nacional como a organismos provinciales que rápidamente enviaron la documentación que había hasta ese momento”, esclareció.
“También dice que es difícil resolver una causa cuando no están identificadas la totalidad de los denunciantes y termina con una resolución en la cual solicita a la República Argentina que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y salud de los beneficiarios de la denuncia, dando 15 días más al Estado por si tiene algo más que denunciar”, pormenorizó.
De esa forma, clarificó el funcionario cómo sucedieron los hechos referidos al reciente dictamen de la CIDH, subrayando que “esto demuestra una vez más que hay determinadas operaciones mediáticas que tienen un solo objetivo seguir atacando a la provincia de Formosa”.
Tal como sucedió durante el mes de marzo cuando en Formosa se hicieron presentes varios canales de televisión de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con dirigentes de la oposición, quienes también planteaban que debía intervenirse la provincia, recordó.
Montaje televisivo
A su vez, recalcó que esto “no se denunció en ningún Juzgado sea la Justicia Federal ni provincial, tampoco ante ninguna fuerza de seguridad, ya sea federal o provincial”, pero que teniendo en cuenta que el hecho fue público, igualmente intervino el fuero provincial.
Lo hizo a través de la Procuración General del Poder Judicial de Formosa con el Ministerio Público para averiguar estos hechos y como “supuestamente estaría involucrada la Policía de Formosa se solicitó la colaboración de la Gendarmería Nacional Argentina, como fuerza preventora para la investigación de los hechos”.
Una vez finalizada la investigación, “se comprobó que esto fue un montaje televisivo y que a determinadas mujeres que aparecieron como supuestas víctimas se les ofreció la suma dineraria de $5000, para que ser parte de ese montaje”.
Finalmente, manifestó que “estos hechos vamos a poner en conocimiento a la CIDH”, puesto que “demuestran nuevamente que hay determinadas operaciones mediáticas que buscan atacar a la provincia de Formosa”.
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