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Desde la Defensoría del Pueblo provincial se envió una formal actuación al ministerio de Energía y Minería de Nación, advirtiéndose sobre las consecuencias “nefastas” que implicaría otro aumento más en los precios de los carburantes durante este año.

Tras aludirse a que los “usuarios y consumidores no nos encontramos en condiciones, ni económicas y menos aún sociales, para soportar un nuevo aumento en los combustibles que esa cartera se encuentra evaluando conjuntamente con las empresas petroleras que operan en el país”, se requirió que se busquen alternativas viables para tratar por un lado la problemática del precio local del crudo con el valor del internacional , dejando a los consumidores y usuarios absolutamente de lado y no trasladar nuevos aumentos a los precios al público para neutralizar la devaluación de diciembre del año pasado.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca señalo que “el Estado Nacional viene adoptando como -variable de ajuste- a la universalidad de usuarios, consumidores y trabajadores, en todas las decisiones de políticas públicas y en donde se favorece siempre como en este caso a las petroleras, grandes grupos económicos con poca producción y a las de gran elaboración , sin tener en cuenta el impacto del deterioro que continúan teniendo los salarios tanto de empleados públicos como privados”.

Se advirtió finalmente que los argentinos “deben seguir afrontando remarcaciones en productos de consumo masivo, los cuales de autorizarse un nuevo aumento en los combustibles inmediatamente tendremos , mas aumentos , menos consumo y distintos inconvenientes graves para el acceso a servicios y bienes esenciales , como lo son: los alimentos , medicamentos , servicios públicos y demás”.