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La Defensoría del Pueblo provincial salió al cruce de las declaraciones del ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, quien sostuvo que el aumento de tarifas del servicio eléctrico “no tendrá un alto impacto en Formosa”.

Desde el Organismo de la Constitución se afirmó que el funcionario nacional no conoce la realidad que atraviesa la universalidad de usuarios del servicio de energía eléctrica en la Provincia, pues pretende simplificar las cosas y justificar un nuevo tarifazo. Sobre el particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, expresó: “No podemos desconocer la existencia de un esquema de Gobierno Nacional que, mientras nos aumenta entre un 60 y 148 % los costos en generación y transporte (el año pasado fueron entre 500 y 700 %), condona a las Distribuidoras de todo el país un total de 19 mil millones de pesos en deudas y Formosa, con REFSA, una de las únicas del país que estaba al día con sus obligaciones, bien gracias, no le tocó nada, ni siquiera una compensación. Si mal no recuerdo, disparó el Ombudsman Provincial, no recuerdo que el Ministro Buryaile haya planteado nada de esto en beneficio de los usuarios formoseños, como tampoco, ni antes, ni ahora, nos enteramos que solicite la tan mentada tarifa regional, que nos equiparía en condiciones, con las provincias centrales que fueron enormemente beneficiadas por políticas energéticas anteriores a la última década. Afirmamos que Buryailedesconoce la realidad de los formoseños pues nuestra provincia cuenta con 146 mil usuarios del servicio de energía eléctrica y sólo 36 mil están subsidiados, así que no puede hablar de porcentaje alto de subsidios, los cuales, valga decirlo, se aplican a unaparte mínima del consumo y por lo demás debe pagarse la tarifa plana. A su turno, el Secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, remarcó que el impacto del tarifazo autorizado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, lamentablemente, pronto se verá reflejado, al igual que el ocurrido hace un año atrás, en las facturas que recibamos los usuarios y en los precios de los productos básicos en las góndolas de los supermercados. No pudiéndose justificar ni política, ni lógica, ni jurídicamente, el irracional aumento dispuesto, el cual fue resuelto a espaldas de los destinatarios del servicio. Por lo que será impugnado por la Defensoría del Pueblo, primero, administrativamente y luego, de ser necesario, se estudiará acudir a la justicia.-