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Como resultado de que un grupo de originarios mantiene cortado el libre tránsito sobre la ruta nacional  95, frente al centro de salud de la Colonia Riacho de Oro,  en inmediaciones a la localidad de Subteniente Perín; por reclamos de construcción de nuevas viviendas para sus integrantes; el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca recibió en el Organismo de la Constitución a Diego Romero, intendente de la comunidad antes señalada, junto a otros colaboradores del mismo y la participación de la Defensora Adjunta, Escribana Sylvina Portillo, sumándose también el Representante de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Nación, Julio Néstor Santander.

Actualmente los vecinos de Perín y colonias aledañas, están sufriendo fuertes privaciones y desabastecimientos de productos de consumo básico y todo ello por la prolongación de este ilegal corte, donde se impide el paso de todo tipo de vehículos, inclusive llegando a impedirse el traslado en motovehiculos y únicamente caminando pueden las personas pasar por el lugar, además de los vehículos de las Fuerzas de Seguridad y Ambulancias. Se denunció que en el corte es variado el número de personas que asisten al mismo y entre ellos se ha constatado menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores que son incentivados por los señores Néstor Gabriel Gómez, Lelio Mansilla, Valentín Suarez, entre otros, cobrándoles “peajes” en diferentes sumas de dinero a quienes se atreven o necesitan pasar este corte. La gravedad del mismo se asienta en que no existen “caminos alternativos” y por ello el impedimento al tránsito es absoluto y ello ha derivado en graves consecuencias para los vecinos de Subteniente Perín. Así las cosas, el Ombudsman Provincial, exigió públicamente a estos “piqueteros” que depongan sus conductas ilegales y abusivas que mantiene de “rehenes” a miles de personas y se allanen a dialogar con las Autoridades Provinciales, Municipales para así poder encontrar resoluciones favorables o alternativas válidas para permitir cubrir, “las necesidades que poseen los integrantes de la Colonia Riacho de Oro y permitir el derecho al libre tránsito de cualquier ciudadano”. De no lograrse un Acuerdo , esta parte afirmo el Defensor del Pueblo pedirá la inmediata intervención de la fuerza nacional de Gendarmería, también a la Justicia Federal para que cite a cada uno de los nombrados y sea este Poder el que resuelva el delito que están cometiendo desde hacedías. Al mismo tiempo el funcionario llamo la atención a un medio de comunicación ilegal,  en la persona de Carlos Rene Quiñonez, “para que cese de incentivar a las personas a cometer delitos o contravenciones, recordándole que existen figuras penales tipificadas en nuestro Código Penal como la intimidación publica e incentivación a la violencia colectiva que puede tener resultados graves en este corte de ruta o en la misma localidad de Subteniente Perín, sin que ello implique que se lleve a cabo cualquier clase de valoración libremente, pero siempre dentro de la ley, el respeto y la prudencia que se necesitan en estos casos”.