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Desde la «Dirección de Seguridad Social – Adultos Mayores» de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se realizaron pedidos de informes a la Ministra de Desarrollo Social de Nación Carolina Stanley, a la Coordinadora de Desarrollo Social en nuestra jurisdicción Irina Zárate, al titular del ANSES, Emilio Basavilbaso y al Delegado de ese Organismo a nivel local, a cargo del Dr. Diego Herrera,para que expliquen cuales son los fundamentos por los cuales están dando de baja subsidios y pensiones a personas invalidas o discapacitadas.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca requirió que se detalle si existen nuevos requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, y pidió que se comunique en que normativas se fundamenta esa decisión.

Señalo el funcionario que esta medida afecta directamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, arremete contra los derechos de las personas con discapacidad y por si fuera poco contradice tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Las suspensiones se vienen haciendo sin previo aviso y muchas personas lamentablemente se enteran cuando van a cobrar el beneficio y si el argumento del Gobierno Nacional es el ahorro de recursos, no nos cabe otra cosa que tildar de insensibles e incompetentes a las autoridades del Gobierno Nacional, pues estamos hablando de personas que no tienen otro tipo de ingreso y por ello hay mucha injusticia en esta decisión adoptada por el Estado Nacional.

El Organismo de la Constitución también pidió información sobre la cantidad de pensiones que fueron dadas de baja en los años 2015-2016 y 2017, si existió previo aviso a los beneficiarios para que puedan ejercer el derecho a la defensa y el debido proceso, y si se produjeron rehabilitaciones del beneficio luego de la denuncia de los beneficiarios.

Gialluca afirmo que este tipo de beneficio se implementó originalmente para todas aquellas personas que por diferentes situaciones no cuentan con los recursos o los bienes suficientes para su subsistencia o de su grupo familiar, “pero resulta que ahora las pensiones no contributivas dejaron de pensarse como una herramienta de seguridad social, para ser entendidas como una carga que el Gobierno Nacional puede eliminar”.

Se abundó que no es cierto que se esté aplicando alguna ley vigente, todo lo contrario se usa un decreto que está en contra de lo que determina nuestra Constitución Nacional. En este sentido, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca denunció que, se comenzaron desde este mes y sin previo aviso a eliminar pensiones que percibían personas con discapacidad; lo que implica conculcar derechos de los que menos tienen y más necesitan.

El Representante de la Defensoría del Pueblo de Nación en Formosa, Dr. julio Néstor Santander, a su turno mencionó que la quita alcanza a beneficiarios cuyos cónyuges percibían una pensión o jubilación, o tengan un ingreso formal superior a tres salarios mínimos. Se rechazó enfáticamente que las bajas que se están llevando a cabo, tengan su causa en incompatibilidades e irregularidades detectadas en revisiones periódicas, de allí, los pedidos de informes concretados; de ahora en más Institucionalmente esperaremos las respuestas y en base al contenido de las mismas, exigiremos la acreditación retroactiva de los fondos, el restablecimiento de las prestaciones médicas del Programa Incluir Salud, en el menor tiempo material posible, y si no de lo contrario, acudiremos a la Justicia Competente pues esta medida es totalmente irracional e ilegal.