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Ya a comienzos de éste año la Defensoría del Pueblo preanunció la intención del Ministerio de Energía y Minería (MEM) de la Nación, de operar subas en los servicios públicos que, en el caso de la energía eléctrica, se aplicarán desde comienzos de este mes ubicándose en el orden de entre 60 y 148% entre generación y transporte, lo que, necesariamente impactará de manera significativa en la tarifa de distribución que pagan los usuarios finales en la provincia, de ahí su calificación de “irracionales” a la misma e incluso no descartando acudir a la justicia planteando la nulidad.

Se expuso que “desde las distribuidoras de la región NEA, adelantaron que el precio mayorista les será elevado en casi un 100 %, lo que determinará que haciendo el mayor de los esfuerzos posibles el piso para el aumento a los usuarios residenciales no podrá ser menor a  40 %”. Al respecto, el Defensor José Leonardo Gialluca, expresó: “Éste tipo de medidas, adoptadas desde el Gobierno Nacional, es completamente irracional, pues no se tiene en cuenta el impacto en la economía de quienes deben asumir los incrementos esto es, imponen subas que están muy por sobre las posibilidades de pago de los usuarios, en general, y no guardan ninguna relación con la evolución de sus ingresos. Las Defensorías del Pueblo de todo el país oportunamente solicitamos al MEM que la evolución de las tarifas de los servicios sea acorde con el incremento de los salarios y, una vez más, han hecho caso omiso al pedido”.

“Denunciamos que se está operando una transferencia de recursos de los usuarios hacia las grandes empresas”, expuso el Ombudsman, remarcando que “el aumento es excesivo e injusto, y serán los usuarios quienes tendrán que financiar las inversiones que le corresponden a las generadoras y transportistas para mejorar el servicio. Parece que al Gobierno Nacional, se le escapa que éstos aumentos desmedidos terminan impactando en los precios de los productos básicos como alimentos e indumentarias, generando una nueva pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y del sector pasivo, a las puertas del inicio del ciclo lectivo 2017, en que las familias que tienen hijos en edad escolar deben afrontar económicamente ésta etapa, más las alzas ilógicas que se disponen para los servicios”.

A su turno, el secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García, expresó que “el aumento dispuesto desde el Gobierno Nacional, afecta el principio de racionalidad, por lo que expresó el Defensor, pero además, no cumple con las premisas de gradualidad y proporcionalidad, exigidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la actual administración nacional para poder validar toda suba en los servicios públicos esenciales, avasallando derechos constitucionales de los usuarios”, lo cual sostuvo “autoriza” al Organismo de la Constitución Provincial, “primeramente, a interponer las acciones administrativas contra éste nuevo tarifazo que se presenta como ilegal y arbitrario. De no recibir respuestas positivas quedará expedita la vía judicial ante la Justicia Federal para acudir en defensa de los derechos patrimoniales de los usuarios formoseños”.