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El bono de $2000 acordado por el Gobierno Nacional la semana pasada con la CGT,  y que se pagaría a los empleados privados, quedando los empleados públicos sujetos a las decisiones que adopte cada provincia en base a su realidad económica y financiera, ha desatado una serie de inconvenientes. Justamente desde la Defensoría del Pueblo se advirtió que “finalmente terminaremos pagando los consumidores y las franjas sociales más vulnerables entre ellos jubilados y pensionados, puesto que está visto que los empresarios y supermercadistas únicamente piensan en las ganancias y llegado el caso “trasladaran cualquier tipo de bono de fin de año al precio de los productos de la Canasta Básica Alimentaria”.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca, señalo que “luego de habernos contactado  con varias PyMES, de nuestra jurisdicción, todas manifiestan que es imposible hacer frente a un bono de $2000 y piden que el Gobierno  por lo menos se lo descuente de los impuestos que pagan. Reconocen que es cierto que existe una necesidad de dar un bono pero que los números no les cierran y al igual que la CAME, ya ha manifestado que no están obligados a hacerse cargo de este bono y que los comercios no pagaran el mismo”.

Algunas PyMES han llegado a advertir que habrá más desempleo si se obliga a pagar un bono de fin de año, y que este no es la solución para los consumidores, “ya que se quiere trasladar el problema del poder adquisitivo de la gente a las PyMES”. Los mismos agregaron que el problema está en la fuerte baja en las ventas y que además por cada $100 que recibe el trabajador en el bolsillo se pagan otros $100 de impuesto al trabajo y $21 de IVA de consumo, $4 de Ingresos Brutos, otros impuestos internos, ART y otros , lo que a la competencia con productos importados, los costos bancarios y de tarjetas de créditos desmedidos, la alta concentración, los aumentos en la energía, no permitirán hacerse cargo de este plus, máxime cuando el 80% de trabajadores del País se desempeñan en pequeñas y medianas empresas.

Desde el Organismo de la Constitución se advirtió que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ya aviso que no podrá pagar el bono de $2000, al igual que otros mandatarios; y se señaló que se realizara una instancia al Ministro de Haciendas y Finanzas Publicas, Alfonso Prat Gay, para que sea el Gobierno Nacional el que solucione este inconveniente ya que es necesario discutir en serio las grandes distorsiones que el Estado viene provocando en las estructuras productivas, perjudicando a las pequeñas empresas y exigiendo a provincias como las del NEA, a hacerse cargo de un Acuerdo que solo tuvo por finalidad evitar un paro general.

Para ello se llevó a cabo un relevamiento de 23 productos que corresponden a la Canasta Básica Alimentaria, más 9 productos de limpieza y 6 productos de higiene personal, “con lo cual un consumidor debe pagar $1575,46”, ahora cuando todavía faltan 2 meses para llegar a fin de año y por ello defenderemos los derechos de los trabajadores públicos y privados , pero siempre con soluciones y respuestas que sean acorde a las realidades y no por un capricho de solamente mostrar números alentadores sin evaluar ninguna otra alternativa como se lo hace desde el Estado Nacional quien ya ha decidido por ejemplo que los altos salarios no paguen ganancias sobre el aguinaldo y estos beneficios deberían ser para todos, ya que el sector privado con seguridad trasladara cualquier tipo de mayores costos a los precios y es allí donde el Estado debe estar presente.