Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se afirmó en defensa de los derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos formoseños, que vienen sufriendo mes tras mes , aumentos de impuestos de servicios públicos esenciales, de los productos de la Canasta Básica Alimentaria y de retenciones varias por parte del Estado, que el Gobierno Nacional, debería seriamente a través de sus áreas competentes y también el Congreso de la Nación determinar en forma urgente sobre quienes exigir mayor carga impositiva, ya que actualmente existe una distorsión en esta materia que afecta directamente a los consumidores y usuarios , a los trabajadores y beneficia únicamente a las mineras, a las grandes empresas y a los sectores sociales más pudientes, “que son los que deberían aportar más en estos momentos de crisis económica y social que se vive en el país”.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca, señalo por ejemplo que “la actividad financiera: es una intermediación que se realiza sobre activos ajenos. Los bancos no prestan dinero propio, tampoco obviamente- toman dinero a interés de sí mismos. Trabajan intermediando riquezas de otros.Con esa actividad ganan dinero. Como cualquier empresa, sobre esa ganancia pagan impuestos, específicamente el impuesto a las ganancias. El IVA a créditos no lo pagan ellos sino nuevamente los tomadores de créditos. Y el impuesto a los «débitos BANCARIOS», barbaridad establecida para enfrentar una situación de extrema excepcionalidad, golpea igualmente a la actividad económica fomentando las operaciones en negro o no bancarizadas.
Así que gravar la renta financiera no «le saca plata a los bancos», a los que les resulta indiferente. Simplemente crea un nuevo impuesto sobre la actividad económica. Lo pagan quienes necesiten créditos para financiar su inversión, o su giro corriente- quienes, a su vez, lo trasladarán a los precios, porque será un costo más.
En suma: lo terminan pagando los consumidores, con productos más caros. Si el impuesto es a los plazos fijos, lo pagará el ahorrista, o sea, el mismo que, en el ejemplo anterior, tiene el papel de consumidor. El efecto es el mismo: se reducirá su ingreso y su capacidad de compra residual será menor. O sea, su efecto final será recesivo. Cuando necesitamos reforzar el ahorro y la inversión para volver a crecer, se aplican gravámenes distorsivos. Los argentinos pagamos ya los precios y los impuestos más caros del mundo, ningún economista desconoce estas verdades elementales. De ahí que cuando un dirigente político o fuerza política proponen esta medida, saben que su efecto es recesivo, no expansivo. Incrementa los costos de producir en el país, sin agregar nada a la justicia distributiva. En rigor, también la afecta, ya que al existir menos actividad económica existirá menos EMPLEO y menos riqueza a distribuir. Y por último, es hipócrita, porque reclaman airadamente la reactivación, mientras impulsan en los hechos medidas que la impiden. Sí sirve, para embaucar incautos, aquellos que opinan sobre economía más por reacciones viscerales que por razonamientos sólidos y que les encantaría poder distribuir lo que no existe, mientras los consumidores quedamos como rehenes de este esquema al que le falta cubrir las profundas y cada vez más amplias necesidades sociales en regiones postergadas de la Argentina como lo es todo el NEA y el NOA.
