La Defensoría exhortó formalmente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a que tome intervención respecto de la problemática por la que atraviesan actualmente decenas de familias Tobas que ocupan el Lote Rural 67, propiedad de una familia de apellido Garavaglia. En este mismo orden de ideas, se solicitó, igualmente, al Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA) a que, oportunamente y cuando las autoridades nacionales cumplan con la obligación que les cabe con los originarios, coopere con el INAI brindando un adecuado asesoramiento a los mismos y determinando un espacio físico para el asiento de sus viviendas.
Conforme a las pruebas recogidas en testimonios y audiencias por la Defensoría del Pueblo, allá por el año 2009, un grupo de aborígenes comenzaron a ocupar terrenos en el Lote Rural 67, contiguos al barrio Namqom (Lote 68). Desde ese momento, los propietarios han formulado una serie de acciones judiciales en sede penal y administrativa, solicitando la devolución de sus tierras. Llegándose a momentos de extrema tensión entre las partes por el derecho a la ocupación.
“Evidentemente que, por un mal asesoramiento, -subrayó el Secretario Letrado de la Defensoría del Pueblo, José Porfirio García-, los miembros de la Comunidad del Lote Rural 67 creen que tienen derecho a la propiedad de los terrenos, cuando no se trata de ocupación tradicional de los mismos, porque ha transcurrido poco tiempo de su arribo, preexistía un derecho particular anterior, lo que determina que no medie ése lazo con la tierra al que protege el derecho nacional e internacional”.
Expuso que “esto impide tomemos el caso desde la perspectiva de atender a la necesidad de vivienda de un grupo de personas de nuestra comunidad formoseña”. Fundo acerca de su afirmación acerca de que “el asesoramiento que les dan a los originarios es malo porque no les explican que se exponen a acciones judiciales por ocupar un inmueble ajeno”, recordando que “la Ley Nacional 26.160 establece que el INAI es el organismo federal que relevará los territorios ocupados por los aborígenes de todo el país y estos inconvenientes surgen porque el Instituto no se avoca, con la urgencia que el caso amerita a intervenir exponiendo a los interesados sobre el sentido y alcance de sus derechos”.
“Hay gente que tiene que entender que hace mal, al aconsejar a los aborígenes que ocupen el territorio que se les plazca o alientan tales hechos y su responsabilidad es doble, porque conocen perfectamente el derecho y aún así asesoran mal. Si realmente se quieren sentir verdaderos defensores de los derechos indígenas deben informarles adecuadamente respecto de las normas jurídicas vigentes y no con falsedades”, advirtió.
El funcionario lamentó que “además éstos malos asesores se ocupen de juntar firmas en la comunidad de Lote Rural 67 para atacar la institución del Defensor del Pueblo, en vez de cumplir con ética su deber. En los últimos días del mes de diciembre se emitió una resolución de la Defensoría en la cual se solicitó la intervención del INAI y el ICA, así como se sugirió la reubicación de los miembros de la Ccmunidad del Lote Rural 67, por estar ocupando terrenos privados y ser necesario que se les asegure un lugar perdurable para el futuro”.
Concluyo opinando que “seguramente eso motivará el disgusto de los instigadores de la ocupación irregular, quienes ven que se les cierra la brecha en su intención de enfrentar a originarios con el Estado”.
