ÇÇLa Defensoría del Pueblo, mediante resolución 320/16, solicitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y al Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA), la urgente reubicación, previa consulta, de las más de cien familias de pobladores originarios que se encuentran ocupando una fracción del Lote Rural 67, contigua al Barrio Nanqom de ésta capital.
La petición se funda en la necesidad de dar una solución habitacional definitiva a los integrantes del asentamiento que se conformó de manera irregular en el citado lugar, hace aproximadamente siete años, sobre terrenos privados de particulares y comenzó con un par de familias.
Así, desde 2009, varios grupos familiares pertenecientes al Lote Rural 68 ( Bº Nanqom) se desplazaron hasta el lugar, hasta llegar a conformar el asentamiento actual.
Desde ése momento, los propietarios, miembros de una familia de apellido Garavaglia, se opusieron a tales acciones, efectuando las denuncias del caso, acudiendo incluso a la justicia ordinaria, la que determinó en una primera instancia, que si bien no habría delito, se podrían optar por otras vías legales a reclamar los derechos.
Paralelamente, se fueron suscitando roces entre las partes, llegándose a momentos de extrema tensión que fueron aplacados por el accionar de la Policía de la Provincia la que por orden del Ministerio de Gobierno, a instancias de la Defensoría, intervino en varias oportunidades para evitar enfrentamientos violentos con consecuencias impredecibles.
Los propietarios, acudieron también a la Defensoría, la que intervino por encontrarse comprometido el Derecho Humano a gozar de una vivienda digna de los pobladores originarios, frente al peligro de que quienes aparecen como dueños de las tierras en ejercicio también de un Derecho Humano, el de usar y gozar de su propiedad, obtengan una orden judicial de desalojo del lugar, lo cual podría dejar en desamparo a centenares de formoseños, miembros de la citada Comunidad del LR 67. Sobre éste particular, el Defensor del Pueblo, José Leonerdo Gialluca, expresó: “ Es preciso que se opere una solución de fondo a éste conflicto, pues sus consecuencias pueden ser lamentables, de no actuarse rápida y eficazmente. En esto no ayuda la presencia de quienes pretenden dividir a nuestra comunidad entre originarios y criollos, presentándose como supuestos defensores de los aborígenes y los mal asesoran, con una postura de abierto enfrentamiento contra la sociedad y nuestra Constitución Nacional, so pretexto de que el criollo es su enemigo y que se solo busca su exterminio y avasallamiento.
Éstos personajes caen en acciones deleznables, como la de pretender convencer a los originarios de que con una habitación de siete años la ocupación de un territorio ya es tradicional o ancestral y pueden exigirlo en propiedad, no dimensionando que tal postura solo puede llevar a los aborígenes al desalojo compulsivo. Esperamos que las autoridades competentes efectúen las acciones necesarias para asesorar adecuadamente a las familias en riesgo y que se ejecuten medidas de fondo para que se les asegure el acceso a una vivienda digna. Evitándose todo enfrentamiento o vías de hecho entre las partes, que es lo que solicitamos en la resolución dictada.
