Ante los incontables requerimientos de los más diferentes sectores del quehacer comunitario, la Defensoría del Pueblo de la provincia denuncio a las personas que se encuentran cortando la ruta 11 a la altura del barrio Namqom generando un complejo escenario al impedir el libre tránsito por la estratégica vía.
Los planteos de intervención lo hicieron desde particulares, empresas de transporte público de pasajeros y del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, exponiendo que necesitan transitar libremente a través de la Ruta Nacional 11 la cual se encuentra actualmente interrumpida a la altura del Km 1184 en adyacencias al barrio Namqom, por un grupo de personas. Puntualiza que estos por un lado, “exigen la contratación de una cooperativa al municipio capitalino, además se suman mujeres que reclaman viviendas”.
Se advierte que “están ocasionando gravísimos inconvenientes, ya que por el mal tiempo reinante desde hace días, no se cuenta con camino alternativo alguno” y dos o tres vehículos livianos que pretendieron utilizar el mismo, quedaron empantanados en el lugar”.
El Ombudsman José Leonardo Gialluca señaló que “habíamos tenido dos reuniones con este grupo de personas conjuntamente con autoridades del municipio y también del IPV, y donde se les explico detalladamente que sus demandas no pueden ser solucionadas de un día para otro y que todos conjuntamente estamos trabajando para encontrarles una respuesta a sus pedidos”.
Expuso que “a partir de esta medida de fuerza, que constituye un delito, llevada a cabo unilateralmente, a pesar de haber sido invitados nuevamente a encontrar caminos alternativos de resolución y no cerrándonos nunca al dialogo; no nos ha dejado otra alternativa que presentar la denuncia correspondiente al Jefe de la Agrupación VI – Formosa- de Gendarmería Nacional, Comandante Principal Ricardo Heredia; donde se solicitó se cite a los piqueteros, se los identifique y se eleven las actuaciones al Juzgado Federal de Turno. Gialluca señaló también que hemos pedido a la actual Ministra de Seguridad Patricia Bulrich que tenga a bien aplicar el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas, establecida por Resolución, suscripta en la ciudad de San Carlos de Bariloche el 17 de febrero del año 2016; máxime cuando este piquete se efectúa en el acceso de una de las 24 ciudades cabeceras del país, y tratándose de una ruta de tránsito internacional, que vulnera derechos y garantías constitucionales esenciales”.
Desde el Organismo de la Constitución se informó también que, se interpuso una formal denuncia ante la Fiscalía Federal 2 a cargo del Dr. Luis Benítez, y se identificó como participes de los “delitos reprimidos por el Art. 194 del C.P.A adjuntándose pruebas sobre el particular a los ciudadanos Aníbal Poli Mendoza, Adán Pellegrini, Ubaldino Miranda, Víctor Camacho, Agripina Tolosa, Laura Ballesteros y Walter Chascoso, algunos de ellos con domicilio en el Bº Lote 33 y Norte Bis”.
“Ahora resta, que en el día de la fecha o el día viernes a más tardar, la Fiscalía interviniente actúe en consecuencia y confiamos en que sea la Justicia la que ponga las cosas en su lugar, sin que ello implique para esta Defensoría del Pueblo proseguir trabajando con cualquier ciudadano de nuestra provincia que necesite canalizar reclamos por ante el Estado Nacional, Provincial o Municipales, pero siempre, dentro de la ley”, fue indicado.
