La Defensoría del Pueblo, cursó sendas actuaciones al Gerente de la Empresa Ciudad de Formosa y a la Municipalidad de la Ciudad de Formosa a los efectos de que, por un lado, la prestataria del transporte urbano de pasajeros, cumpla con las obligaciones inherentes al contrato de concesión que la obliga a respetar las frecuencias que deben tener las unidades en las paradas, según las respectivas líneas.
Asimismo, se solicitó a las autoridades municipales que aplique las multas por los incumplimientos que se registran desde las 8 de este martes, momento en que, unilaterlmente, se redujeron los horarios de los servicios.
El documento remitido desde la Defensoría, señala que a las demoras registradas habitualmente por la transportista, viene a sumarse éste grosero incumplimiento, el cual causa perjuicios irreparables a decenas de miles de personas que diariamente utilizan el transporte urbano de pasajeros para realizar múltiples actividades, como acudir a sus lugares de trabajo, estudio u otras de carácter económico o socio-cultural. Siendo que la universalidad de usuarios es ajena a las disputas internas dentro de la empresa, no obstante lo cual resultan los principales perjudicados.
Sobre éste particular, el Defensor José Leonardo Gialluca expresó: “Ciudad de Formosa S.A., subsidiaria de San José y Flecha Bus, se halla obligada a prestar el servicio con eficiencia, pues a ello se ha comprometido contractualmente”.
Advirtió que “ante el incumplimiento, solicitamos a la Autoridad de Aplicación, el Municipio, que aplique las sanciones correspondientes, sin perjuicio de realizar, con urgencia, las acciones necesarias para la normalización del servicio”.
El funcionario remarcó que, además de las medidas administrativas, la Secretaría Letrada del Organismo de la Constitución, a cargo de José Porfirio García, se halla recabando antecedentes para interponer una denuncia ante el Fiscal Penal en Turno, en orden a lo dispuesto por el Art. 194º del Código Penal Argentino, ante la denuncia concreta de los Delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que trabajan en relación de dependencia de la empresa, quienes afirman que se estaría desplegando, desde la misma, una maniobra tendiente a entorpecer deliberadamente la prestación del servicio.
