Los altos incrementos en los precios del servicio eléctrico responden a “una decisión política del Gobierno Nacional” apuntada a que “sea el usuario el que tenga que pagar todos los gastos que ocasiona para el Gobierno Nacional llevar la energía eléctrica hasta sus hogares”, se advirtió desde el Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP).
“En diciembre del año pasado, el presidente Mauricio Macri había anunciado que se iban a incrementar nuevamente los precios del servicio de energía eléctrica. Esto es así. Existe un aumento que se da para el período de diciembre-enero y otro para febrero-abril”, aclaró la administradora general del organismo, Claudia Villarruel, señalando que “probablemente existan dos aumentos más”.
Para llevar claridad a la cuestión, ejemplificó diciendo que “con el Gobierno anterior, es decir hasta diciembre de 2015, el usuario pagaba 0,35 centavos el kilovatio/hora y ahora debe abonar 1,90, con una proyección de aumento a fin de año”.
“Esto es claramente una decisión política –manifestó la funcionaria-. La intención del Gobierno Nacional es seguir avanzando en la quita de subsidios, que hasta ahora consideran que está en un 70%, y que el servicio de energía eléctrica en lo que sea generación y transporte se rija por las leyes del mercado, es decir, la oferta y la demanda, lo cual resulta sumamente perjudicial para el usuario porque pueden establecer precios como los que tenemos ahora que repercuten directamente en las economías regionales y familiares”.
Ante ese cuadro de situación, Villarruel destacó que “hoy lo único que subsiste es un fuerte respaldo de la provincia para no trasladar totalmente este precio nacional a los usuarios. La provincia sigue invirtiendo en el servicio de energía eléctrica para evitar que la tarifa en Formosa se dispare”.
Manifestó que “el costo de la energía está muy elevado y nosotros sabemos de la compleja situación de los usuarios, por eso estamos atendiendo casi 50 reclamos por día en las oficinas del Circuito Cinco y también en nuestra sede de la Avenida Napoleón Uriburu”.
“También tenemos que hablar claro y decir que esta es una decisión política del Gobierno Nacional de que el usuario sea el que pague el costo de la energía eléctrica, es decir, el que tenga que afrontar todos los gastos que ocasiona para el Gobierno Nacional llevar la energía hasta sus hogares”, criticó, señalando que “esto es un cambio de concepción en lo que es el servicio público, que deja de ser público en condiciones de acceso generalizado para todos los usuarios para pasar a ser un bien de mercado, regido por la oferta y la demanda”.
Con relación a las facturas elevadas, aclaró que “existen dos situaciones: una es el aumento del costo de la energía y la otra son las penalidades que se establecen a los usuarios que estaban en una situación irregular, ya sea por robo o hurto de energía”, indicando que “cuando los montos son desmedidos hay que empezar a analizar si esa factura no es producto de una penalidad o factura complementaria, sobre todo porque en diciembre se hicieron procedimientos de regularizaciones entre REFSA y el Ente Regulador en distintos barrios de la ciudad capital y también de recategorización de comercios”.
