Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se informó que la justicia ordinaria acaba de imputar a los responsables de recientes cortes de rutas producidos en el extremo oeste de la provincia, luego de las denuncias formuladas por funcionarios dicho Organismo de la Constitución.
La denuncia fue formulada ante el Juez en lo Criminal y Correccional de Las Lomitas, trasladando los reclamos de ciudadanos que desarrollan sus actividades principalmente en el departamento Ramón Lista de nuestra jurisdicción, quienes peticionaban al Ombudsman Provincial, que se libere el tránsito de personas y vehículos del camino vecinal 902, a la altura del paraje El Alazán, jurisdicción de Lote 8.
Allí se advirtió que “mediaba extorsión por el cobro de peaje para dejar circular a las personas, sea que transitaran en vehículos o a pie” y a la altura de colonia Divisadero, a 30 kilometros de Palmar Largo, por un hecho similar.
Fue por ello que se formalizó la “denuncia ante la justicia” en orden a la comisión de los delitos previstos en los artículos 194 y 149 bis 2º párrafo del CPN, ante el juez de Instrucción y Correccional subrogante de Las Lomitas, doctor Francisco Orella y para que el mismo individualice a los responsables de los hechos delictivos, adoptando las medidas que el caso requería, todo a fin de salvaguardar la integridad psicofísica de los habitantes de las comunidades originarias de Lote 17 y Lote 1, puesta en peligro por el accionar de los manifestantes.
En dicho contexto, el magistrado actuante imputó a los ciudadanos Mario Silva, Rubén Vega y Adolfo Agüero, en orden a la presunta comisión del delito de entorpecimiento del transporte y/o servicios terrestres. Sobre éste particular, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca señaló: “Dejamos siempre sentado que todos los ciudadanos tenemos derechos a protestar pacíficamente y a peticionar a nuestras autoridades. Pero bajo ninguna circunstancia las demandas que se pretendan efectuar en tal sentido pueden ser usadas como excusa para cometer delitos. En el caso que analizamos, so pretexto de exigir el arreglo del camino vecinal denominado “El Tabique”, más una bomba de agua y un grupo generador, un reducido grupo de originarios literalmente impidieron el paso de toda persona, excepto que las mismas pagaran por pasar. Con idéntica metodología, otro grupo en otra vía vecinal, conocida, como “La Ruta del Petróleo” a la altura de la comunidad “El Divisadero” a unos 30 kilómetros de Palmar Largo, mediante un accionar ilegal, estas exigían peajes que llegan hasta los $500 para poder utilizar esas vías de comunicación. Es por ello que, por un lado, la Defensoría receptó las demandas sociales, en cada caso, dando intervención a las áreas pertinentes a fin de atenderlas y por el otro, formalizó las denuncias penales correspondientes, resultando que, como consecuencia de las mismas, ya median imputaciones y se continuará con la investigación de los hechos ilícitos.-”
