Luego de la baja de 1,5% que se dio en diciembre, ahora en el segundo mes del año la petrolera Raizen resolvió subir el valor de las naftas y gasoil, esta es la firma responsable de Shell en Argentina, y que desde el domingo 3 del corriente mes, aumentó sus combustibles en todo el país.
El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca denunció que la suba promedio es de 2,09% y llega tras la baja del 1,5% de diciembre. En el último mes de 2018 el descenso había sido generalizado en las principales petroleras, pero ahora aducen que hubo un incremento en los valores internacionales del petróleo.A su vez, detallaron que la decisión se da en un mercado caracterizado por la política de desregulación o liberación de precios por parte del Gobierno Nacional. Cabe recordar que durante 2018 hubo una suba promedio de 69,88%, con un mínimo de 64,21% para la nafta súper y un máximo de 76,27% para el diésel.
Desde el Organismo de la Constitución se afirmó que, si bien hasta ahora las otras firmas del sector no anunciaron medidas similares, con seguridad también se sumarán al alza de sus carburantes y estamos a la expectativa de lo que resuelva YPF, principal operadora del mercado. Se señaló, además que los consumidores estamos pagando el costo de la “desregulación” del precio de los combustibles, impuesto por el actual Gobierno Nacional y por lo cual desde hace tres años a esta parte son las empresas las que fijan los precios y lo hacen en función de lo que pasa en los mercados internacionales, en relación a la nueva variación en el precio del petróleo y del dólar, repercutiendo negativamente estos aumentos en otros bienes y servicios como es el de los alimentos, medicamentos, vestimentas, remises, transporte público de pasajeros, etc. El Defensor del Pueblo manifestó que este es uno de los sectores de la economía nacional, de los varios, en los que el Estado Nacional ha dejado en mano directamente de los privados y recordó que durante el 2018 hubo una suba de 70% para las naftas y de un 77% para el gasoil con aumentos salariales tanto en el sector público como en el privado que nunca superaron el 30% o 35% y siempre en cuotas, (salvo algunos pocos gremios que han obtenido mejoras salariales de un 40% o un 42%), por lo que al subir los combustibles, “todo vuelve a ser remarcado y cuando se produjo alguna baja como a del 1,5% que se dio en diciembre del 2018 ningún alimento, o servicio disminuye su valor”, por lo cual los usuarios y consumidores estamos en una situación donde los, “salarios no alcanzan a cubrir las necesidades básicas e indispensables y ni hablemos de los jubilados y pensionados, o de los aumentos de la energía eléctrica, el gas, el agua potable, etc, que ameritan una urgente recomposición salarial de manera tal que puedan los grupos familiares de los diferentes sectores de nuestra Comunidad, poder adquirir lo necesario para vivir, pagar los servicios públicos y obviamente para aquellos que alquilan una vivienda, se les hace desde hace tiempo muy difícil poder cubrir todos sus gastos”. Por ello se sugirió a todos los usuarios y consumidores que frente a, “inconvenientes para pagar los servicios públicos concurran por ante la Defensoría del Pueblo y buscaremos las alternativas administrativas y legales correspondientes, pero que no se apuren en tomar préstamos de financieras, de los bancos, pues los intereses son muy altos y tampoco utilizar las tarjetas de crédito para abonar servicios (como se viene viendo en los últimos tiempos), pes aquí también los intereses son usurarios y terminarán pagando hasta el triple o más de lo que realmente debían y para esto existen otras alternativas para estar siempre al día y evitar cortes o intimaciones por parte de las empresas prestarías”.
