Con el anuncio del relanzamiento del Plan para la Construcción de Viviendas Sociales -PRO.CRE.AR-, y en atención a los antecedentes recopilados por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, pidió calcular los créditos por variación salarial y al, mismo tiempo suspender las ejecuciones.
Concretó una formal instancia a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, cuyo presidente es la actual diputada Marcela Fabiana Passo siendo uno de sus Secretarios el Diputado por Formosa Hernández, Martín Osvaldo, con el objetivo de que se “tome alguno de los proyectos existentes para proteger no solamente a quienes ya accedieron a los créditos PRO.CRE.AR, sino también a las miles de familias que buscan ingresar a este Programa, pero que los detiene la actual situación de una alta e imparable inflación, además de la elevada cotización del dólar en nuestro país”.
Todo esto, porque actualmente los créditos son impagables para aquellos que los tomaron entre los años 2016/2018 y que aconsejan no hacerlo a todas las familias interesadas. Se recordó que aún con las modificaciones que el Secretario de Vivienda Iván Kerr comunicó a los beneficiarios del PRO.CRE.AR las mismas son insuficientes dado que “las viviendas continúan dolarizadas, y por ello es que en la actualidad si bien el Gobierno Nacional busca revivir los créditos hipotecarios con más subsidios de las cuotas y una baja de las tasas, estas mejoras no logran que centenares de beneficiarios estén dando de baja estos préstamos, “más ahora que el Gobierno Nacional está devolviendo todo lo ahorrado a los beneficiarios que se retiren del mismo”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que ninguna de estas alternativas es la solución, pues la gente lo que busca con los créditos y con este Programa es acceder a su casa propia y para ello hemos propuesto a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia una iniciativa que consiste con efecto retroactivo, se determine que la UVA se calcule en función de la variación del salario mínimo vital y móvil y al mismo tiempo establecer la suspensión de las ejecuciones, todo esto en un contexto en el que muchos de los hipotecados fueron despedidos de sus puestos de trabajos y desde la Defensoría del Pueblo se señaló que la retroactividad del índice la fundamos porque el conflicto mayor se produce con la inflación del 47% que tuvimos en el año 2018.
