Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se solicitó públicamente a parlamentarios nacionales y provinciales de la Alianza Electoral Cambiemos-UCR, que peticionen formalmente al presidente Mauricio Macri a que se proceda a realizar una revisión de los costos de las tarifas de energía eléctrica en lo que respecta a la generación y transporte, en contra posición a lo que a afirmado la actual vicepresidenta Gabriela Michetti que desde su paseo por España, “descartó que se vaya a revisar las tarifas como lo pidió el radicalismo”.
El Ombudsman Leonardo Gialluca, denunció que “evidentemente ya no es una sensación sino una realidad de que la mayoría de los funcionarios nacionales desconocen totalmente la realidad que viven los trabajadores públicos y privados, principalmente los del norte del país”.
Es que por las temperaturas que tenemos, nuestros consumos no bajan durante todo el año desde los 700 – 800 Kwh hasta llegar por encima de los 1000 y más, sin tener en cuenta a los comercios, a las PyMEs que por sus equipamientos tienen altísimos promedios de consumo. Es por esto que, cuando la Secretaria de Energía de Nación a cargo del Lic. Gustavo Lopetegui, autoriza incrementos del más del 55% sin tener en cuenta los principios de razonabilidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y posibilidad reales de pagos de los usuarios de acuerdo a la Región en que viven, las mismas son por un lado inconstitucionales, “y en los hechos cuando aún no se aplican los trabajadores no pueden pagar sus facturas o deben hacer enormes esfuerzos, dejando de lado otras necesidades básicas esenciales, y todo porque el consumo de energía eléctrica en nuestra zona con un clima netamente tropical, hace que los aires acondicionados, las heladeras, frízer, etc. – no sean un lujo sino una necesidad para poder sobrevivir- más aún para los hogares con niños, ancianos, jubilados, pensionados, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas discapacitadas, electrodependientes y otros que necesitan del fluido eléctrico permanentemente para poder vivir”.
Por ello, instamos a los representantes de la UCR a que “le pidan a sus socios gobernantes que revisen las cuestiones tarifarias, y que establezcan una política pública sobre los servicios públicos basada en los salarios y en la inflación, pues este último flagelo viene en estos primeros meses del año, sumada a las cifras que tuvimos en el 2018 comiendo y devaluando todo tipo de ingreso”.
Concluyo exponiendo que “este escenario no respeta clase social y por ello nadie puede desentenderse de que tengamos de una vez por todas una Tarifa Regional Diferenciada para Formosa, Chaco y Corrientes, remitiéndonos a los consumos y a lo que pagan mensualmente los usuarios cordobeses por ejemplo que no van más allá de los $400 o $500 por mes y todo ello debido exclusivamente a los bajos consumos que poseen por cada grupo familiar”.
