Desde la Defensoría del Pueblo, se rechazaron por “infundadas y maliciosas” las afirmaciones del titular del ANSES Formosa, Diego Herrera, “funcionario nacional que afirmó que, todas aquellas personas que están percibiendo una pensión por invalidez, según la Normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad, se les envió a una cierta cantidad de personas, una notificación a través de sus recibos de cobros o en cartas documentos, solicitándoles que actualicen sus historias clínicas y la suban a un formato digital de lo que se debían ocupar los hospitales públicos de las provincias; pero todavía no está vigente porque se está trabajando para adecuar los sistemas”. (Sic.).
El Ombudsman José Leonardo Gialluca señaló que “este funcionario o le está mintiendo a los pensionados por invalidez y a sus familias, o desconoce las propias Resoluciones y exigencias impuestas por otro Organismo Nacional que es la ANDIS, que depende directamente de la Vicepresidente de la Nación Gabriela Michetti, y desde donde se continúan intimando hasta el día de hoy por el plazo de 60 días mediante cartas documentos o notificaciones que surgen en las tirillas de cobro de los beneficiarios de pensiones por invalidez, a presentar los CMOD, hecho este que ha sido hasta ratificado por el actual Director Ejecutivo del ANSES Emilio Basavilbaso”.
Por este motivo, y para evitar, suspensiones en las pensiones antes citadas y que lleven luego a una quita de las mismas, desde la Defensoría del Pueblo, se continúa impugnando por inconstitucional, arbitraria y de cumplimiento imposible, “la exigencia de presentar el CMO Digital”, toda vez que ningún hospital público del país, salvo algunas excepciones, no han podido por diferentes motivos implementar esta decisión del Gobierno Nacional, al haberse impuesto unilateralmente, sin consultar al M.D.H. de nuestra provincia o a los Ministerios de Salud de otras jurisdicciones y con el único objetivo de lograr un ajuste impiadoso, sobre las franjas sociales más vulnerables que comprenden a los pensionados por invalidez, y todo ello como consecuencia de órdenes emanadas directamente del FMI.
Hasta la fecha se han celebrado dos reuniones con funcionarios de la ANDIS, una en la sede de la Defensoría del Pueblo y otra en el MDH, y de las cuales se obtuvo una prórroga de 30 días y se solicitó el cese de las intimaciones; pero evidentemente, la decisión del Gobierno Nacional, es la de eliminar las pensiones por discapacidad exigiéndoles a los ciudadanos requisitos que no pueden presentar y de ese modo obtienen un motivo para quitarles un beneficio que ha sido otorgado en base a un Certificado de Discapacidad expedido por Autoridad Competente en formato papel.
Gialluca también rechazó las “pseudo informaciones de algunos medios locales, que, desconociendo totalmente el tema, creen que el Hospital Central se niega a cumplir con este trámite, en el cual, no solamente se necesitan médicos especializados, claves fiscales y otros requisitos, sin los cuales no se puede cumplir con esta imposición del Gobierno Nacional”.
Por último, se volvió a solicitar a todas las personas que reciban estas cartas documentos de intimaciones, concurran a la Defensoría del Pueblo, sito en calle Padre Patiño Nº 831 y en el caso de los beneficiarios del Interior Provincial, nos envíen fotografías de las mismas al celular nro. 3704 – 698346 o 3704 – 365924 o a los correos electrónicos depuefor@fibertel.com.ar y/o denuncia@formosa.gov.ar , “pues ante la inseguridad jurídica creada por el Gobierno de Mauricio Macri en este punto, a través de la ANDIS y del ANSES, no permitiremos dejar firme las intimaciones, toda vez que no existe ninguna decisión en contrario como la afirma Diego Herrera de la UDAI – Formosa, plasmada en instrumento público que lleve información veraz, objetiva y transparente a todos los pensionados por discapacidad”.
