Avanza en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley para modificar los regímenes jubilatorios especiales de jueces y diplomáticos.
El debate se desarrolla en un plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social, que cuenta con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, y busca tratar el proyecto este mismo jueves en el recinto, con apoyo de una porción de la oposición.
El diputado nacional del Frente de Todos (FdT)-Formosa Ramiro Fernández Patri afirmó que el proyecto pretende fortalecer el carácter redistributivo, progresivo y solidario de los haberes previsionales y reducir las desigualdades en el sistema previsional.
“La base del proyecto es reducir las inequidades de estos regímenes especiales con respecto al régimen general de jubilaciones. Los regímenes de jueces y servicio exterior provocan un déficit enorme que requiere que el resto de los aportantes colaboren con 100 mil pesos mensuales por cada uno de ellos -explicó-. Por eso, se busca corregir o adecuar a los regímenes especiales para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Nación y funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, con el fin de lograr de manera gradual, un mayor grado de homogeneidad con el régimen general sin afectar con ello derechos adquiridos».
Asimismo, agregó que el universo comprendido involucra a 8400 personas (entre jueces y miembros del cuerpo diplomático) que perciben haberes que van desde los $289.000 hasta $770.000 por mes, en el caso de los jueces; y desde $396.000 hasta $616.000 para funcionarios del cuerpo diplomático. Este grupo representa solamente el 0,12% del total del universo de jubilados y jubiladas.
“Los números lo demuestran y dan cuenta de la real inequidad del sistema: un beneficiario del Régimen General cobra $20.575 en promedio, mientras que un beneficiario del Poder Judicial de la Nación asciende a $293.107. Y en el caso de los jueces con jubilaciones más altas, cobran 55 veces las jubilaciones mínimas garantizadas por el SIPA que están fijadas en $14.068. Y en el caso del régimen previsional de diplomáticos, la jubilación ordinaria de mayor cuantía abonada es de $616.476, lo que equivale a 44 veces el haber mínimo garantizado SIPA», puntualizó.
Estas disparidades en los haberes previsionales no sólo exhiben la magnitud de las inequidades existentes, sino que explican el progresivo desfinanciamiento de los regímenes especiales; que en la medida que son solventados con recursos propios del régimen general debilitan el carácter redistributivo y solidario del sistema en su conjunto.
En ese sentido, Fernández Patri subrayó que la modificación de estos regímenes especiales es necesaria por resolver el déficit que ya tiene el Sistema Previsional en su conjunto, que hoy supera los $612 mil millones.
Tanto el régimen del Poder Judicial como el del Servicio exterior resultan deficitarios. Entre ambos el déficit supera los $11 mil millones en 2019. Si a esto se le suma que el Poder Judicial está exento del pago del impuesto a las ganancias, el Estado deja de recaudar $421 millones de pesos mensuales. No alcanza el dinero y el sistema a futuro no será sostenible.
Agregó: “La sostenibilidad se refiere a la capacidad actual y futura de la economía de afrontar los costos de la seguridad social. Garantizar la sostenibilidad es un desafío permanente para el Estado en el ejercicio de su responsabilidad general y primordial de garantizar sistemas de protección social funcionales e integrales”.
Asimismo, también destacó que es comprensible el carácter estratégico y especial que dan a la Nación los trabajadores de la Justicia y del Servicio Exterior, que requieren de una preparación especial y una dedicación exclusiva, pero también es cierto que estamos en el marco de una emergencia económica, de una crisis social muy grande en la Argentina y de un desfinanciamiento del Sistema de la Seguridad Social, que requiere que los distintos sectores hagan aportes, y aquellos sectores que hoy son más beneficiados deberían hacer su aporte solidario para que mejore la Argentina en su conjunto.
El 80% de los jubilados perciben la jubilación mínima de $14.000 y eso debe ser equiparado por un conjunto de medidas que está llevando adelante el Poder Ejecutivo como ser: la disminución de las cuotas de los créditos a los que han accedido los jubilados, los 174 medicamentos gratuitos, la devolución del 15% del IVA con un tope de $700, la inflación de 2,3% en enero, son todas medidas para devolverle capacidad adquisitiva a quienes menos tienen y mejorar su nivel de ingreso, y este proyecto también va en esa sintonía”.
Por último, el legislador nacional remarcó que el oficialismo escuchó las sugerencias y propuestas de las asociaciones de magistrados y jueces y representantes del Servicio Exterior de Nación y seguramente se introducirán los cambios necesarios para la aprobación del proyecto de ley.
Modificaciones sugeridas a ambos regímenes:
– Aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años: las mujeres se mantienen en 60 años y los hombres arrancan en 60 años en el 2020 hasta llegar a 65 en el 2025.
– Incremento de 7% en el aporte jubilatorio: hoy aportan 11% y pasarían a aportar 18%.
– Se suman nuevos requisitos para poder jubilarse: mínimo de 20 años en el ámbito del Poder Judicial de la Nación o en el Ministerio Público, 10 años continuos o 15 discontinuos en el cargo y el cese definitivo en el ejercicio de la actividad.
– La jubilación será del 82% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Hoy por hoy se jubilan con el haber de la última categoría más alta percibida.
Además, en el caso del Servicio Exterior, la prestación de servicios en lugares considerados peligrosos o insalubres no se abonará doble y quienes ingresen al Servicio Exterior deberán incorporarse obligatoriamente al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
