La fiscal de Estado de Formosa, la doctora Stella Maris Zabala, puso de resalto “el estatus sanitario óptimo que tiene Formosa, fruto del esfuerzo conjunto entre el pueblo y el Gobierno provincial, que nos hace privilegiados en el resto del país”.
La provincia formuló al juez federal subrogante Fernando Carbajal pedidos de declinatoria, declaración de incompetencia y una serie de planteos. Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), como intérprete de las leyes y la Constitución, le requirió al magistrado que se inhiba de seguir entendiendo en las causas.
Así lo manifestó la funcionaria ante AGENFOR al referirse a los recientes fallos del juez Carbajal y al contundente pronunciamiento del máximo tribunal de la provincia, el STJ.
“Tenemos una serie de medidas y planteos hechos por la provincia como declaraciones de certezas y pedidos de inhibitoria que le formulara a la Justicia Federal el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que es el intérprete natural de las leyes de la Constitución Provincial por manda constitucional”, aseveró la funcionaria.
Recordó que el STJ le solicitó al juez subrogante Carbajal que “se inhiba en las causas que por la materia se trate específicamente relacionadas a políticas sanitarias por el COVID que hayan sido objeto de mandas de la Justicia Federal”.
Ello “concretamente ante un pedido formulado por el defensor del Pueblo, el doctor José Leonardo Gialluca, representante de los intereses difusos de la provincia”.
Con este pedido «surgió la declaración de certeza que motivara después una inhibitoria por parte del STJ, que fue objeto de rechazo por parte del juez federal”.
“Todas las cuestiones de competencia deben dirimirse, cuando no hay un superior jerárquico común, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)”, explicó la fiscal Zabala, apuntando que “el juez federal entendió requisitos que a su juicio no concurren y el STJ pidió una serie de informes que ya fueron realizados”.
Alto riesgo
En este punto, advirtió el peligro que representa esta cuestión para el estado sanitario de la provincia. “Tenemos un estatus sanitario óptimo, fruto de muchísimo esfuerzo, y todo esto, en el marco de lo que se discute, las mandas judiciales, los hábeas corpus, los pedidos de inhibitoria y declaratoria, etcétera, pasan a un segundo plano”, evaluó.
“Acá hay un primerísimo primer plano y es el estatus sanitario óptimo que tiene Formosa, fruto del esfuerzo conjunto entre el pueblo y el Gobierno provincial, que nos hace privilegiados en el resto del país”, recalcó.
Marcó que “cuando el resto del mundo debate cómo hacer para afrontar esta situación caótica que se está viviendo por la pandemia y se vuelve al confinamiento en numerosos países y a fase uno en provincias argentinas, donde hay que lamentar muertes y sistemas sanitarios en crisis, Formosa a la fecha exhibe esta situación”.
“Ésa tiene que ser la meta en el derrotero de todo esto –afirmó la doctora Zabala. Eso es lo que se pelea cuando se va a la Justicia y se hacen planteos judiciales”, subrayó, alertando ante la gravedad de “permitir el ingreso (de personas) como se hace a través de hábeas corpus y acciones pluri-individuales que no corresponden”.
Cuestionó que en esta “bolsa” de acciones pluri-individuales “se permiten 90, 100, 150, 200 hábeas corpus, entonces al final de un día de tres audiencias podemos tener el ingreso de 300 o 400 personas o como ha sucedido en dos días la entrada de más de 500 personas al territorio provincial”.
“No hay que ser muy estudioso en el tema para darse cuenta que si nosotros tenemos un protocolo que establece un ingreso ordenado y que permite una determinada cantidad de personas, ya que se hace un manejo administrado para justamente no eclosionar, y después tenemos hábeas corpus que dicen que en cinco días tienen que entran más de 300 personas es lógico el caos que se puede llegar a producir”, reparó, reiterando que “se está bregando por mantener el estado sanitario de Formosa”.
Situación jurídica
En relación a ello, la fiscal de Estado planteó a esta Agencia la situación jurídica que se genera, ya que “por un lado tenemos un pronunciamiento claro y contundente que no deja lugar a dudas del STJ, donde reivindica la facultad de la provincia, que es competente, pero a su vez le da una orden al Consejo del COVID-19, ordenándole que resguarde la salud de la población y que permita el ingreso de personas dentro del protocolo establecido para preservar la salud de todos los formoseños”.
Por otro lado, “tenemos un juez federal subrogante que ordena la inconstitucionalidad de todo el programa” y que rechaza el fallo del STJ por “improcedente”.
Expuso que “esto requiere un nuevo pronunciamiento por parte del Superior Tribunal”, marcando que “la provincia ya ha planteado la incompetencia (de Carbajal) y la declinatoria, además de que apelamos la declaración de inconstitucionalidad de él ante la Cámara Federal, a la que también solicitamos que suspenda el trámite de las mandas judiciales porque hay una contienda que se ha generado, o si no se lo entiende como contienda tiene un escándalo jurídico porque como provincia a quién le obedecemos”.
“Nosotros estamos claros que le asiste razón al STJ, pero el magistrado sigue tomando audiencias y la provincia a las últimas no ha asistido porque entiende que es un juez que no corresponde y es incompetente», acentuó.
Puso de relieve que «nos asiste esa razón con el claro y contundente pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia, donde expresamente se señala que no es competente y que la provincia no tiene por qué aceptar este tipo de intromisión, en una defensa digna de ser leída y escuchada sobre lo que es la autonomía provincial y los derechos que tiene una provincia”, concluyó.
