Por Daniel Majda / Igualar Formosa
La obediencia a las normas, indicaciones o pautas de conductas cuando niños nos garantiza una buena convivencia con nuestros progenitores o tutores, y cuando adultos con la Sociedad, el Estado y las Autoridades creadas por la Constitución.
No se trata de militar la obsecuencia o sumisión sino de recordar que el éxito en las sociedades se debe básicamente al respeto de sus miembros al orden normativo que la vida en sociedad ha ido generando.
Nadie en su sano juicio podría afirmar que los Gobiernos actuales nos impongan una forma de pensar, ni mucho menos que la libertad de expresión se encuentre coartada, de hecho cada uno de nosotros -cual periodistas- expresa diariamente sus ideas por los medios de comunicación que la tecnología nos brinda, con expresiones de todo tipo cuya calidad e intensidad no reconoce límites. Misma regla para el periodismo en su conjunto.
Cuando parte de la población se manifiesta a favor o en contra de decisiones de un gobierno y sus medidas sanitarias en este caso, lo hace mayoritaria y paradójicamente respetando las pautas de proceder que las autoridades valoraron como necesarias.
Que frente a las reciente acción de opositores políticos, manifestaciones de sacerdotes y abogados opositores al gobierno local históricamente identificados como “independientes”, es oportuno recordar que entre el “pensar”, el “expresar” y el “hacer” existen dimensiones normativas diferentes y diversas. Así como no todo lo que pienso en ocasiones no lo expreso por criterios de oportunidad, por convicciones superiores o prevalentes, por decoro, etc., no todo lo expreso como “deseo” puedo imponerlo al resto de la comunidad en el campo de las realizaciones.
Alentar la desobediencia civil parece atractivo para algunos individuos como herramienta de acción política, siempre lo fue con distintos matices, colores o argumentos, y quizás también algunos comprovincianos se vean seducidos en ello, pero es importante recordar en estos momentos de angustia sanitaria y peligro concreto a la vida que afrontamos, que el Pueblo de la Nación Argentina ha previsto un modelo de Republica donde la Soberanía reside efectivamente en él, pero donde este no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes y autoridades constituidas (art. 4 Constitución de la Provincia de Formosa y art. 22 de la Constitución Nacional). Que esta ha sido la forma consagrada luego de años de lucha armada, intestina y sangrienta, primero para lograr nuestra independencia, luego por organización nacional. Reclamar mayor participación ciudadana es una cosa, pero peticionar en nombre del pueblo una muy distinta.
Que si hay derecho a peticionar a las autoridades (art. 14 CN.) mas no hay derecho a “imponer” a las autoridades formas de pensar o concebir el abordaje de un problema, lo contrario la vida en comunidad sería inviable o impensada, y las acciones o proyectos –mal o bien- estarían de antemano destinados al fracaso. Lógicamente, entre quienes critican y gobiernan yace una diferencia fundamental, los primeros siempre lo harán con el diario del lunes.
Así como lo paz, la seguridad no es un valor negociable o disponible por los ciudadanos, tampoco lo es la salud pública, ni la vida de las personas. Puede gustar o no un modelo determinado para afrontar la crisis sanitaria que genera esta pandemia en constante evolución y quizás incluso más adelante se concluya en la exactitud de los concejos que proponen, pero ello no otorga derecho a levantarnos contra el orden sanitario, ni contra las autoridades constituidas para su resguardo. Si lo admitiéramos estaríamos inmersos en una verdadera anarquía y no una república, mucho menos en democracia (gobierno “de la multitud” para Platón y “de los más” para Aristóteles).
Que la condición de representantes del pueblo faculta a promover, debatir, impulsar proyectos, modelos, ideas, y la de ciudadano a exigir siempre mayor participación, mas nunca alzarse contra el resto de las autoridades constituidas o poderes del Estado, justamente por qué vivimos en una República, donde solo las acciones privadas de los hombres están exentas de las autoridad de los magistrados (art. 19 CN).
Finalmente expresamos nuestro rechazo a estos sectores que no han dejado de ser autoritarios y en nombre de la Democracia pretenden romper con las medidas sanitarias impuestas, algunos de ellos convencidos que gozan de privilegios de sangre, recurriendo a esta trillada forma de acatar al que Gobierna afirmando genéricamente violaciones a “Derechos Humanos” sin explicar mínimamente de que se tratan. Con esa soberbia y falta de empatía pensar en un futuro “alojamiento” o “encierro” seguro en vuestras casas, es una verdadero peligro.
