El Colegio de Magistrados y Funcionarios de Formosa emitió un comunicado rechazando el proyecto de dirigentes opositores para intervenir el Poder Judicial de la provincia, el cual contó con el respaldo y acompañamiento de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) en solidaridad con todos los jueces y funcionarios del ámbito local.
Cabe señalar que la Federación está integrada por todos los colegios y asociaciones de magistrados de las provincias argentinas, englobando a cerca de 15.700 operadores de los sistemas judiciales, por lo que se trata del espacio más representativo del país.
En ese sentido, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el presidente de la FAM, Ariel Ariza, comentó que en estos últimos días mantuvo un diálogo con la presidenta del Colegio de Magistrados y funcionarios de Formosa, la doctora Viviana Taboada, y en ese ámbito “nos expresó la preocupación de todos los jueces y funcionarios de esa provincia por un proyecto legislativo de intervención que incluye al Poder Judicial”.
Frente a ese planteo, respondió el magistrado que “es necesario conservar el eje de la institucionalidad, otorgando el respaldo a quienes integran los poderes judiciales en las provincias argentinas para que desarrollen su labor esencial que es resolver los conflictos de la sociedad”.
En esa línea, destacó que el Poder judicial formoseño “ha dado muestras de todo este tránsito por la pandemia, teniendo un compromiso verdaderamente loable y destacable por dar respuesta a los problemas que se fueron presentando durante la pandemia”.
Por eso, sostuvo a esta Agencia que desde la Federación “apoyamos esa labor y reclamamos que se respete la autonomía del sistema judicial formoseño para que sea éste quien resuelva todos los conflictos que se le planteen, particularmente los que tiene que ver con esta situación sanitaria tan aguda que atraviesa nuestro país”.
Situación sanitaria
Asimismo, consultado acerca de si conoce la situación sanitaria de Formosa, dejó en claro el funcionario que “no es menester de nuestras instituciones efectuar esa evaluación”, sino que “las bondades de los resultados o eficacia que pueda tener una política sanitaria naturalmente corresponde que sea valorada por la sociedad”.
Fundamentó que vivir en un Estado de derecho “implica que las políticas de acción gubernamental corresponden al Poder Ejecutivo y a las Legislaturas establecer las leyes a las que se tienen que someter el accionar el Ejecutivo”.
A su vez, “a los poderes judiciales nos toca controlar y establecer las limitaciones tanto sea de políticas públicas en general o políticas sanitarias como es en este caso”, acentuó, agregando que “para eso están los jueces de Formosa, quienes tienen que dar la palabra y la respuesta de las acciones que se le planteen”.
Por último, Ariza hizo notar que al igual que la sociedad también los abogados y abogadas se han ido adaptando a los nuevos sistemas digitales para que la Justicia en tiempos de pandemia pueda seguir funcionando.
“Sobre todo, me interesa que el ciudadano y la ciudadana valoren su sistema judicial, el cual está para mejorar su calidad de vida”, concluyó.
