Por decisión del Juzgado Civil las personas ocupantes fueron sacadas del lugar.
El ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Guillermo Alucín, quien también es propietario del terreno desalojado en el Lote 15 y barrera, del barrio Bernardino Rivadavia en la ciudad capitalina, aseveró que el lugar es una herencia de sus padres e indicó que, luego de 10 años de litigio para recuperarlo, llegó la sentencia a favor que permitió el desalojo de la familia que lo usurpó.
En declaraciones recogidas por Agenfor, al explicar cómo fueron los hechos que llevaron a este desenlace, el damnificado señaló que la situación arrancó en agosto de este 2021 cuando se diligencia el primer mandamiento judicial de desalojo de los intrusos y usurpadores que ocupaban ilegítimamente el terreno.
A su vez, Alucín explicó que el terreno es un bien compartido con su hermana y que cuentan con los papeles que lo consta. “Somos propietarios por título” asintió, al mismo tiempo que señaló que, la obra que allí tenían planificado realizar quedó postergada cuando se levantó la barrera de contención en la última inundación.
“En ese momento estos lugares fueron aprovechados por gente que ocupó terrenos de manera ilegítima. Cuando nos enteramos por primera vez de la usurpación hicimos una exposición policial en la Comisaría del barrio Bernardino Rivadavia para pedir el desalojo”, fundamentó.
Y agregó: “Luego continuó la acción civil por el mismo motivo. Nunca se consintió la ocupación, jamás se permitió construir, incluso, una vivienda precaria”.
Asimismo, precisó que la primera orden judicial “fracasó porque la policía no quiso intervenir, aduciendo que iban a hablar con los ocupantes para que salgan pacíficamente” y aclaró que originalmente “eran tres ocupantes, la señora, un hijo mayor y una más”.
Luego, cuando se presentó la segunda diligencia para que se retiren de manera pacífica nuevamente, “ya metieron a la casa más personas y criaturas, siendo seis en total y la negociación también fracasó, resaltando que “la policía comunitaria le ofreció una vivienda y dos módulos a la familia, para que dejen la propiedad y, sin embargo, se negaron”.
Finalmente, Alucín destacó que llegó el tercer mandamiento a lo que “la Policía nos vuelve a pedir un tiempo para tratar de llegar a una negociación” pero no hubo acuerdo, por eso se intervino de otra manera; y desmintió que hubo “tráfico de influencia por ser ministro del Superior Tribunal de Justicia, como decían los trascendidos”.
“La Policía actúa en cumplimiento de una orden judicial, un juicio civil que llevó ocho años y dos años antes, hicimos una denuncia penal por usurpación” sostuvo categórico, remarcando que “nos llevó 10 años sacar a la gente del lugar”.
Además, dejó en claro que nunca consintió la ocupación por parte de estas personas y que “siempre defendimos el derecho de la propiedad privada como cualquier ciudadano”.
En ese sentido el ministro aseguró que “es mentira” que la familia desalojada vivía allí hace 40 años, porque además “para que prescriba sin título tiene que pasar más de 20 años”.
“Esa toma ilegal jamás fue pacífica. Parte en el expediente judicial ellos mismos manifiestan que estaban ocupando por un permiso, que no lo hacían a título propio”, remarcó.
Por todo esto aseveró que “las personas están tergiversando toda la información mediáticamente” en tanto que la verdad es que “la diligencia de este desalojo es el resultado de un proceso que duró ocho años más, es decir, la Policía actuó en cumplimiento de una manda judicial y bajo su competencia” insistió.
“Mi reclamo es el de cualquier ciudadano común, defendiendo nuestra propiedad como legítimos y únicos dueños de eso” hizo hincapié y aseveró que “se han agotado todas las instancias judiciales necesarias, porque este desalojo no es una orden que emana de un ministro del Superior Tribunal de Justicia, sino que es una orden judicial que proviene de un Juzgado de primera instancia en lo civil con una sentencia firme y dictada, y una segunda y tercera diligencia de desalojo”.
Además, Alucín aclaró que “la Policía no se excedió en ningún momento en el desalojo, solo cumplió sus funciones” desmintiendo que “no tiraron gases lacrimógenos, pero si los usurpadores quemaron el lugar”.
En este marco, solicitó a los medios de comunicación tratar el tema con seriedad porque “nosotros nos manejamos con la verdad y contamos con los papeles que lo constan, además de los testimonios de los vecinos, que saben que esa propiedad está en manos de la familia Alucín hace más de 50 y 60 años” por eso “la Justicia nos da la razón”.
Y al finalizar, teniendo en cuenta que parte de la familia permanecen en las veredas del lugar, indicó que “tanto mi hermana como yo, creemos en la Justicia, por eso vamos a seguir realizando las acciones legales, judiciales y administrativas que sean menester para sacar a las personas de allí”.
